Antes de la AJA, los organismos administrativos tenían en gran medida libertad para establecer sus propios procedimientos, que a menudo no proporcionaban el mismo nivel de debido proceso que el previsto en los procedimientos judiciales. Esto podría dar lugar a decisiones arbitrarias o injustas, así como a una falta de rendición de cuentas por parte de los organismos gubernamentales.
La AJA fue diseñada para abordar estas preocupaciones estableciendo estándares procesales mínimos para las audiencias administrativas. Estos estándares incluían:
- El derecho a ser representado por un abogado;
-El derecho a presentar pruebas y contrainterrogar a los testigos;
- El derecho a una decisión escrita y motivada;
- El derecho a la revisión judicial de las decisiones de la agencia.
Al establecer estas garantías procesales, la AJA ayudó a garantizar que las personas recibieran un trato justo en los procedimientos administrativos y que sus derechos estuvieran protegidos.
