El poder ejecutivo puede controlar a los demás poderes del gobierno mediante su poder de vetar la legislación aprobada por el poder legislativo. Si el presidente veta un proyecto de ley, no puede convertirse en ley a menos que el veto sea anulado por dos tercios de los votos tanto en la Cámara como en el Senado. El poder ejecutivo también puede controlar al poder legislativo negándose a firmar proyectos de ley de asignaciones, lo que impediría que el gobierno funcione. Además, el poder ejecutivo puede impugnar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el poder legislativo apelando al poder judicial. Finalmente, el poder ejecutivo puede controlar al poder judicial negándose a hacer cumplir las órdenes judiciales, aunque esto es poco común.