El marco legal del siglo XIX
En la Polonia del siglo XIX el aborto estaba penado con la misma sanción que el infanticidio: la muerte. El primer código penal, promulgado en 1818 en el Congreso de Polonia, introdujo soluciones algo más “modernas”. Según este código, la mujer que provocaba un aborto era la principal responsable, enfrentándose a entre 3 y 10 años de prisión dura. El profesional que, con su consentimiento, realizaba el procedimiento (médico o partera) solo podía ser castigado con hasta tres años en un “hogar de mejora”.
En la segunda mitad del siglo XIX la pena para el médico se endureció: de 4 a 6 años de trabajos forzados, lo que implicaba, en la práctica, la deportación a Siberia. El tribunal podía incluso ordenar que el condenado viviera de por vida en los bosques asiáticos.
Comparación con la legislación actual
Hoy en día la mujer embarazada no incurre en responsabilidad penal y el profesional que realiza un aborto puede ser condenado a varios meses o, como máximo, a algunos años de prisión. Las normas zaristas, aunque draconianas, compartían con la legislación de la Tercera República una característica: su aplicación era prácticamente nula. Hasta principios del siglo XX la prensa polaca casi no hablaba del aborto y los procedimientos se desarrollaban al margen de cualquier control. Solo en casos de denuncias puntuales o de fallecimiento de la mujer se llegaba a los tribunales.
Gazeta Sądowa Warszawska (1896) describía el delito como “muy extendido, pero impune, porque los involucrados comparten el interés de mantener el secreto”.
Casos emblemáticos
El historiador Stanisław Milewski, autor de La vida íntima de la antigua Varsovia, encontró escasas referencias al aborto en la prensa del siglo XIX. La primera publicación parece haber sido en el Kurier Warszawski de 1855, que informó sobre seis condenas, sin precisar si los condenados eran mujeres embarazadas, parteras o médicos.
En 1884 se conoció el caso de una partera denunciada por una viuda y la esposa de un ex‑celador de policía. Las acusaciones señalaban una supuesta colusión con el doctor S. para obtener ventajas ilícitas mediante abortos. Al no haber testigos, los investigadores sólo pudieron constatar que la partera había asistido a varios partos exitosos. La resolución consistió en una supervisión policial de dos años, sin pena de cárcel.
El caso que generó mayor conmoción fue el juicio de 1896, celebrado a puerta cerrada por su “sensibilidad moral” (según Milewski). El doctor J. Zajdowski fue condenado a cuatro años de trabajos forzados y a exilio permanente en Siberia. No se sabe si terminó en los Urales, pero el proceso abrió un debate público sobre la punibilidad del aborto, liderado por el periodista Tadeusz Boy‑Żeleński. Aunque la nueva legislación de 1903 introdujo una disposición que, en la práctica, resultó ser una ficción legal, la discusión siguió latente y, como sugiere el autor, aún no ha concluido.
