Los estadounidenses también participaron en otras prácticas discriminatorias contra los japoneses estadounidenses durante este período. Por ejemplo, muchos estados y ciudades aprobaron leyes que restringían su capacidad para poseer propiedades o negocios. También fueron objeto de violencia, acoso y otras formas de discriminación por parte de civiles.
Las empresas y propiedades japonés-estadounidenses a menudo fueron confiscadas o destrozadas, y se les negaron oportunidades de empleo, educación y vivienda. Muchos estadounidenses de origen japonés también fueron objeto de insultos y calumnias raciales y se vieron obligados a vivir en comunidades segregadas.
Además, los estadounidenses de origen japonés estaban sujetos a una serie de restricciones y limitaciones, como toques de queda, prohibiciones de viajar y limitaciones a su capacidad para trabajar en determinados puestos de trabajo. También se les negó el derecho a votar y ocupar cargos públicos.
Las prácticas discriminatorias contra los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial fueron una violación de sus derechos civiles y un período profundamente injusto y vergonzoso en la historia estadounidense. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Libertades Civiles de 1988, que reconocía y pedía disculpas formalmente por las injusticias que enfrentaron los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.