Contexto histórico
En agosto de 1945 Estados Unidos decidió lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El conflicto había durado seis años y se estimaba que había causado la muerte de alrededor de 50 millones de personas.
Objetivo militar y estratégico
El gobierno estadounidense argumentó que el uso de las bombas aceleraría la capitulación japonesa, evitando una invasión terrestre que habría provocado aún más bajas entre soldados y civiles.
Coste humano de las explosiones
Las detonaciones provocaron la muerte inmediata de decenas de miles de personas y, a largo plazo, cientos de miles más sufrieron efectos de la radiación. Muchas de las víctimas eran civiles y las ciudades no estaban consideradas objetivos militares estrictos, lo que ha llevado a que algunos historiadores y juristas califiquen el acto como un crimen de guerra.
¿Era legal?
En la época no existía un marco jurídico internacional que prohibiera expresamente el uso de armas nucleares. Por ello, la cuestión de su legalidad depende de la interpretación de normas de derecho internacional humanitario vigentes en 1945, como los Convenios de Ginebra, que prohíben ataques indiscriminados contra la población civil.
Los defensores sostienen que la acción fue una medida extrema para acortar la guerra y salvar vidas a largo plazo; los críticos la consideran una violación del principio de distinción y proporcionalidad.
Marco jurídico actual
Desde 1970, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) prohíbe a los Estados no poseedores de armas nucleares desarrollar, producir o almacenar estas armas, y limita la transferencia de tecnología nuclear. Además, tratados como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (2017) buscan prohibir su uso bajo cualquier circunstancia.
En resumen, la legalidad de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki sigue siendo objeto de debate, aunque el derecho internacional contemporáneo ha establecido prohibiciones claras contra el uso de armas nucleares.