La Declaración de Derechos inglesa de 1689 sigue siendo una parte válida del marco constitucional del Reino Unido. Sin embargo, ha pasado por varias actualizaciones y adiciones a lo largo de los años. La Ley de Derechos Humanos de 1998, por ejemplo, incorporó el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la legislación del Reino Unido, ampliando aún más los derechos y libertades protegidos por la Declaración de Derechos.