Este principio se refleja en la Décima Enmienda de la Constitución, que establece:
> "Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados respectivamente a los Estados o al pueblo."
En otras palabras, el gobierno federal sólo puede ejercer los poderes que están explícitamente enumerados en la Constitución. Todos los poderes que no figuran en la Constitución están reservados a los estados o al pueblo.
Este principio ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en numerosos casos. Por ejemplo, en el caso McCulloch v. Maryland (1819), la Corte Suprema dictaminó que el gobierno federal no podía crear un banco nacional porque la Constitución no delegaba específicamente ese poder en el gobierno federal. En el caso Estados Unidos contra López (1995), la Corte Suprema dictaminó que el gobierno federal no podía regular las zonas escolares libres de armas porque la Constitución no delegaba específicamente ese poder al gobierno federal.
El derecho de los estados a limitar el poder del gobierno federal es una salvaguardia importante contra el abuso de poder por parte del gobierno federal. Garantiza que el gobierno federal no se vuelva demasiado poderoso y que los estados conserven su autonomía.
