En 2002, WorldComm fue denunciada por haber cometido uno de los mayores fraudes contables de la historia, que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares para inversores y acreedores. El escándalo provocó la dimisión del director ejecutivo de WorldComm, Bernard Ebbers, y la eventual disolución de la empresa.
El colapso de WorldComm tuvo un impacto significativo en la industria de las telecomunicaciones y en la economía estadounidense en general. También condujo a un mayor escrutinio de las prácticas contables corporativas y resultó en la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, que estableció regulaciones más estrictas para las empresas públicas.
