El tribunal dictaminó por unanimidad que la AAA violaba la Cláusula de Comercio de la Constitución de los Estados Unidos. El tribunal determinó que, dado que el desarrollo de cultivos era una actividad local, el gobierno federal carecía del poder para regularlo directamente o imponer gravámenes sobre las actividades de producción agrícola. También se descubrió que la AAA era una apropiación indebida de propiedad, ya que los fondos recaudados de los procesadores de alimentos no se utilizaron para un propósito gubernamental legítimo.
Los esfuerzos de la administración Roosevelt por controlar los mercados agrícolas como parte del New Deal se vieron obstaculizados por el fallo de la Corte Suprema. El tribunal también planteó dudas sobre la constitucionalidad de otros intentos de recuperación. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) desarrolló políticas agrícolas posteriores, como la Ley de Acuerdos de Comercialización Agrícola de 1937, en respuesta al fallo judicial, que exigía que los productores agrícolas votaran a favor de disposiciones específicas antes de que se pudieran otorgar subsidios.
