La primera constitución de Francia, creada en 1791, estableció una distinción entre ciudadanía activa y pasiva. Los ciudadanos activos eran aquellos que podían votar y participar en la vida política, cumpliendo ciertos requisitos como ser hombre, tener más de 25 años y pagar una determinada cantidad en impuestos directos. Los ciudadanos pasivos, por el contrario, quedaron excluidos de estos derechos.
La designación de ciudadanos pasivos en 1791 puede atribuirse a las normas sociales, tradiciones e ideas predominantes de la época. Las mujeres, por ejemplo, generalmente eran consideradas subordinadas a los hombres y no se las consideraba capaces de participar en igualdad de condiciones en la política. Además, la propiedad de la propiedad y el pago de impuestos se consideraban marcadores de estatus social y económico, y a quienes carecían de medios suficientes a menudo se les negaba la ciudadanía plena.
La exclusión de los ciudadanos pasivos de la participación política activa continuó hasta que se realizaron nuevos cambios en el marco constitucional de Francia. Las revoluciones y revisiones constitucionales posteriores, particularmente durante la Revolución Francesa de 1789 y el establecimiento de la Primera República, ampliaron gradualmente la definición de ciudadanía para incluir a más personas. Con el tiempo, las mujeres y otros grupos previamente marginados obtuvieron iguales derechos políticos y plena participación en la sociedad francesa.
