El Parlamento inglés se opuso al rey Carlos I por una serie de razones que fueron acumulándose y que, en última instancia, desencadenaron la Guerra Civil (1642‑1651) y la ejecución del monarca en 1649.
Diferencias religiosas
Carlos I abrazó una interpretación arminiana del anglicanismo, vista por muchos parlamentarios como demasiado cercana al catolicismo. Temían que sus políticas favorecieran a los católicos y amenazaran los principios protestantes.
Gobierno personal y derecho divino
El rey defendía la idea del derecho divino y una monarquía absoluta, lo que chocaba con los parlamentarios que demandaban mayor representación y control en el gobierno.
Problemas financieros
Imponía impuestos sin el consentimiento del Parlamento, utilizaba préstamos forzados y otras medidas consideradas opresivas y arbitrarias, violando normas constitucionales establecidas.
Detenciones arbitrarias
Recurría al “ship money” y encarcelaba a quienes cuestionaban su autoridad, vulnerando derechos individuales y generando resentimiento.
Supresión de la oposición
Intentó limitar la libertad de expresión y disolvió parlamentos que se oponían a sus políticas, provocando la ira de los miembros que veían silenciada su voz.
Gasto real excesivo
El estilo de vida lujoso de Carlos y su corte agotaba las arcas del reino, agravando la crisis financiera del país.
Aumento del poder parlamentario
A medida que el Parlamento afirmaba su propia autoridad, surgían choques cada vez más intensos con el rey por el control del gobierno.
Estos agravios, entre otros, alimentaron la creciente tensión que culminó en la guerra civil y la caída de Carlos I.
