Para obtener la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, los federalistas aceptaron incorporar una serie de garantías que respondían a las inquietudes de los antifederalistas. Ese conjunto de diez enmiendas, conocido como la Declaración de Derechos, protege libertades individuales y define el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los estados.
Las diez enmiendas de la Declaración de Derechos
Primera Enmienda (1791)
Garantiza la libertad de religión, de expresión, de prensa, de reunión y el derecho a solicitar al gobierno.
Segunda Enmienda (1791)
Reconoce el derecho del pueblo a poseer y portar armas.
Tercera Enmienda (1791)
Prohíbe el acuartelamiento de soldados en viviendas privadas sin el consentimiento del propietario en tiempo de paz.
Cuarta Enmienda (1791)
Protege contra registros e incautaciones irrazonables, exigiendo una orden judicial basada en causa probable.
Quinta Enmienda (1791)
Establece derechos de debido proceso, prohíbe la doble incriminación, la autoincriminación y la expropiación sin una justa compensación.
Sexta Enmienda (1791)
Asegura el derecho a un juicio rápido y público, a ser informado de los cargos, a confrontar testigos y a contar con asistencia legal.
Séptima Enmienda (1791)
Preserva el derecho a un juicio por jurado en casos civiles.
Octava Enmienda (1791)
Prohíbe fianzas y multas excesivas, así como castigos crueles e inusuales.
Novena Enmienda (1791)
Reconoce que existen derechos no enumerados en la Constitución que siguen perteneciendo al pueblo.
Décima Enmienda (1791)
Declara que los poderes no otorgados al gobierno federal ni prohibidos a los estados quedan reservados a los estados o al pueblo.
Con la incorporación de la Declaración de Derechos, los antifederalistas encontraron garantías suficientes para apoyar la ratificación, sentando las bases de una nación comprometida con los derechos individuales y el federalismo.
