El rey Carlos I impuso dinero para barcos a las ciudades y condados ingleses en 1634 para financiar la construcción y el mantenimiento de buques de guerra para proteger la costa de la nación de enemigos potenciales. Sostuvo que este impuesto era una necesidad legal para la defensa nacional, pero muchos ingleses lo vieron como una forma ilegal de tributación sin el consentimiento del Parlamento. El dinero de los barcos contribuyó a las crecientes tensiones entre el Rey y el Parlamento que culminaron en la Guerra Civil Inglesa (1642-1651).