Durante el segundo susto rojo (finales de los años 40 y 50), sindicatos y grupos de derechos civiles fueron blanco de acusaciones anticomunistas, investigaciones gubernamentales y campañas de intimidación. A continuación se resume su experiencia y las respuestas que dieron.
Sindicatos
Acusaciones de infiltración comunista: Se alegó que los sindicatos estaban infiltrados por comunistas y que promovían actividades subversivas. La Ley Taft‑Hartley de 1947 obligó a los dirigentes sindicales a firmar declaraciones juradas negando su afiliación comunista, lo que provocó la expulsión o renuncia de numerosos líderes.
Juntas de lealtad: Algunas centrales sindicales crearon comités de lealtad para investigar y purgar a supuestos comunistas. Estas juntas a menudo se basaban en pruebas débiles, alimentando un clima de miedo y desconfianza dentro de los movimientos laborales.
Investigaciones gubernamentales: El gobierno inició indagaciones contra sindicatos sospechosos de influencia comunista. El Comité del Senado de Seguridad Interna (SISS), presidido por el senador Joseph McCarthy, realizó audiencias públicas y formuló acusaciones contra dirigentes sindicales.
Prácticas laborales injustas: Patrocinados por el ambiente anticomunista, muchos empleadores recurrieron a la lista negra de activistas sindicales, se negaron a negociar colectivamente y suprimieron esfuerzos de organización.
Grupos de derechos civiles
Objetivo de activistas: Líderes y militantes de los derechos civiles fueron etiquetados frecuentemente como comunistas o simpatizantes del comunismo. Sufrieron vigilancia estatal, hostigamiento e incluso encarcelamiento. Figuras como W. E. B. Du Bois, Paul Robeson y Shirley Graham DuBois fueron perseguidas.
Impacto del macartismo: El clima de sospecha dificultó la labor abierta de estas organizaciones y obligó a desviar recursos para defenderse de acusaciones. La NAACP, por ejemplo, destinó parte de su energía a combatir las insinuaciones comunistas.
Resistencia y resiliencia: A pesar de las presiones, muchos grupos continuaron su lucha contra la discriminación racial y la represión política, formando alianzas con otras organizaciones progresistas para contrarrestar el macartismo y proteger a sus miembros.
En conjunto, el segundo susto rojo coartó la disidencia, limitó la organización y sembró un ambiente de temor y sospecha tanto en los sindicatos como en los movimientos de derechos civiles.
