Las acciones del gobierno tuvieron un impacto devastador en los estadounidenses de origen japonés. Muchos perdieron todo lo que tenían y se vieron obligados a empezar de cero después de la guerra. La experiencia del internamiento también dejó un legado duradero de trauma y discriminación para los estadounidenses de origen japonés.
En 1988, el gobierno de Estados Unidos emitió una disculpa formal por el internamiento de estadounidenses de origen japonés y promulgó la Ley de Libertades Civiles de 1988, que proporcionaba reparaciones a los supervivientes. Sin embargo, el daño causado a los japoneses estadounidenses y sus comunidades nunca podrá repararse por completo.