Hubo varios factores que contribuyeron a la decisión de internar a japoneses estadounidenses. Uno de los principales factores fue el miedo y la paranoia generalizados que se apoderaron de Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor en 1941. Muchos estadounidenses creían que los estadounidenses de origen japonés eran espías o saboteadores potenciales y que representaban un riesgo para la seguridad del país.
Otro factor que contribuyó al internamiento de los estadounidenses de origen japonés fue el deseo del gobierno de Estados Unidos de ejercer control sobre la población estadounidense de origen japonés y prevenir cualquier posible acto de resistencia. Al gobierno le preocupaba que los estadounidenses de origen japonés pudieran levantarse contra el país en represalia por el bombardeo de Pearl Harbor, y quería tomar medidas preventivas para garantizar que esto no sucediera.
El internamiento de japoneses estadounidenses fue profundamente injusto y violó los derechos civiles y constitucionales de estos ciudadanos estadounidenses. Fue un episodio vergonzoso en la historia de Estados Unidos, y al gobierno de Estados Unidos le llevó muchos años enmendar sus acciones.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hubo una creciente oposición al internamiento de estadounidenses de origen japonés. En 1980, el Congreso estableció la Comisión sobre Reubicación e Internamiento de Civiles en Tiempos de Guerra, que tenía la tarea de investigar el internamiento y hacer recomendaciones para la restitución.
En 1983, la comisión emitió su informe, que concluyó que el internamiento era "una grave injusticia" y que el gobierno de Estados Unidos había violado los derechos constitucionales de los estadounidenses de origen japonés. El informe también recomendó que el gobierno proporcione reparaciones a los estadounidenses de origen japonés que habían sido internados.
En respuesta al informe de la comisión, el Congreso aprobó la Ley de Libertades Civiles de 1988. Esta ley proporcionó reparaciones monetarias individuales a los estadounidenses de origen japonés que habían sido internados, así como una disculpa formal del gobierno de Estados Unidos por sus acciones.
Si bien la Ley de Libertades Civiles proporcionó cierta reparación financiera por la injusticia cometida contra los estadounidenses de origen japonés, no compensó completamente el daño psicológico, social y económico que habían sufrido. El internamiento sigue siendo un capítulo oscuro en la historia estadounidense y sirve como recordatorio de la importancia de proteger los derechos civiles y las libertades constitucionales de todos los estadounidenses.