gobierno lula

El gobierno de Lula comprende los dos mandatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010.

Su administración sacó a miles de personas de la pobreza absoluta, pero se vio empañada por casos de corrupción como el mensalão .

A pesar de ello, Lula logró elegir a su sucesora, la ex ministra Dilma Rousseff.

Economía en el gobierno de Lula

El gobierno de Lula continuó la política económica de su predecesor, el presidente Fernando Henrique Cardoso. Mantener la inflación bajo control y el real estable siguió siendo la prioridad del gobierno.

Lula también contó con el escenario favorable en el exterior cuando China e India comenzaron a crecer, abrir sus mercados y consumir más. Esto generó un aumento en las exportaciones de materias primas y commodities brasileños.

Asimismo, cuando comenzó la crisis económica en 2008 en Estados Unidos y Europa, Brasil no se vio muy afectado. El gobierno ha reducido ciertos impuestos, como el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), que grava, por ejemplo, los electrodomésticos.

Así, las industrias no traspasaron el aumento al consumidor, haciendo que el mercado interno ayude a mantener estable la economía brasileña.

Debido a esta crisis y al buen momento que atravesaba la economía brasileña, empresarios y trabajadores extranjeros comenzaron a venir a Brasil para invertir y tratar de ganarse la vida aquí.

Durante este período también se celebraron los Juegos Panamericanos (2007) con miras a ganar el derecho a ser sede de los Juegos Olímpicos.

Brasil logró que se aprobara su candidatura para albergar la Copa del Mundo (2010), los Juegos Militares (2011), los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas (2015) y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (2016).

La construcción de estadios y la infraestructura necesaria para albergar estos eventos impactó la economía local. Asimismo, contribuyeron a proyectar la imagen de un Brasil próspero y estable en el exterior.

Programa de aceleración del crecimiento

En 2007, el gobierno lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) para mejorar la infraestructura del país.

El presidente Lula elige a la ministra Dilma Rousseff para liderar este plan y así aumentar su visibilidad y poder construir una candidatura fuerte en las elecciones presidenciales de 2010.

Posteriormente, el programa se amplió para llegar a otras áreas que necesitaban atención, como la niñez, la vivienda y las ciudades históricas. El dinero para financiar estos programas provendría del gobierno federal y de empresas privadas.

Estos contratistas, para obtener contratos y ganar licitaciones, pagaban sobornos a diputados y senadores. En determinadas ocasiones, los propios políticos cobraron algún tipo de soborno para liberar obras. Este se convertiría en uno de los mayores escándalos del gobierno de Lula que se descubriría durante el gobierno de Dilma.

Programas sociales en el gobierno de Lula

En su discurso inaugural de 2003, el presidente Lula recordó que muchos ciudadanos brasileños aún no podían hacer tres comidas al día. Por ello, llamó a todos a sumarse a la lucha contra el hambre.

Así, el gobierno puso en marcha varios programas sociales, cuya estrella principal sería la Bolsa-Familia (2004) donde los ingresos se transferían directamente a las familias.

Los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos, como tener un ingreso mensual de 85 a 175 reales, tener mujeres embarazadas o niños de 0 a 17 años entre sus familiares. El monto recibido por las familias osciló entre 35 y 176 reales mensuales. A cambio, la familia se comprometería a mantener a los niños en la escuela y a ir al médico con regularidad.

Este programa fue uno de los mayores éxitos del gobierno, ya que la pobreza extrema se redujo en un 75% en Brasil entre 2001 y 2014, según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

Aunque la oposición lo ha criticado por ser condescendiente, lo cierto es que muchas familias pudieron acceder por primera vez a alimentos, material escolar y ropa.

La educación en el gobierno de Lula

En materia de educación, el gobierno de Lula preparó un plan que buscaba democratizar el acceso a la escuela en todos los niveles y en todo el territorio nacional. Fundeb fue creado (2007) para ayudar a financiar y ampliar la educación básica.

En educación superior, impulsó la ampliación de becas para maestría y doctorado, con el objetivo de incrementar en un 5% el número de profesores calificados en las universidades.

El acceso de los estratos más pobres de la población a la educación superior se amplió mediante el sistema de cuotas sociales y raciales adoptado por 20 universidades federales en 14 estados.

En 2009 se creó el Sistema Unificado de Selección (Sisu).

Con esto, un estudiante de cualquier estado del país tiene la oportunidad de asistir a una universidad federal en otro, sin necesidad de rendir otro examen.

El gobierno aún abriría 14 nuevas universidades federales para aumentar las vacantes. Sin embargo, al mismo tiempo, permitió crecer a las universidades privadas gracias a programas de financiación de becas públicas en universidades privadas a través del Prouni (Programa Universidad para Todos) creado en 2005.

Política exterior en el gobierno de Lula

En el ámbito de la política exterior, el gobierno Lula promovió visitas a varios países. También participó en foros internacionales como el de Davos y el G-20, donde Lula apoyó el ingreso de Rusia a este organismo.

Además, mantuvo una agenda de cooperación con países como China, India, Rusia y Sudáfrica, que dio como resultado la alianza económica BRICS.

En las relaciones internacionales, los países sudamericanos fueron privilegiados por el acercamiento estratégico entre los presidentes Lula, Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Esta alianza tenía objetivos más pragmáticos (construcción de refinerías, inversiones en Argentina) que ideológicos.

África también fue objeto de un acercamiento político, como lo atestiguan las 19 embajadas abiertas en este continente, seguido de un aumento del comercio. En 2002, los intercambios de Brasil con el continente totalizaron 5 mil millones de dólares; en 2008, ascendió a 26 mil millones de dólares.

Lula también condonó la deuda externa de varios países africanos, incluida Nigeria, para promover la cooperación Sur-Sur.

Todas estas medidas tenían como objetivo forzar una reforma en la ONU y lograr un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A pesar del esfuerzo, Brasil no obtuvo la posición deseada, pero vio aumentar su comercio con casi todos los países con los que tenía relaciones.

Al final de su mandato, Lula protagonizaría el momento más polémico de su política exterior cuando recibió al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, en Brasilia, en 2009.

Escándalo de corrupción:Mensalão

La asignación mensual era un sistema de pagos ilícitos que utilizaba el gobierno federal para garantizar el apoyo de diputados y senadores en la votación de leyes y enmiendas favorables al gobierno.

El plan fue descubierto a través de imágenes de cámaras ocultas cuando un director de la Oficina de Correos explica a dos empresarios cómo se manipularon las ofertas. En este esquema participaría el diputado y presidente del PTB, Roberto Jefferson, quien era aliado del gobierno.

A partir de ese momento se llevaron a cabo una serie de investigaciones y se instituyó la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación), que abarcó a varios aliados del gobierno Lula.

El propio congresista Roberto Jefferson acusó al tesorero del PT, Delúbio Soares, de realizar pagos a algunos diputados del Congreso Nacional. Estos pagos se denominaban "mensalão", ya que se realizaban mensualmente.

Las denuncias derrocaron al ministro de la Casa Civil, José Dirceu; y el congresista Roberto Jefferson fue declarado inelegible por 10 años.

Otro diputado del PT, João da Cunha, fue acusado de participar en este complot, pero renunció como diputado antes de que se formalizaran las acusaciones en su contra.

La prisión de Lula

Una vez finalizado su mandato, el ex presidente Lula se dedicó a dar conferencias en el extranjero y permaneció discretamente entre bastidores del gobierno de Dilma.

Sin embargo, las denuncias de corrupción comenzaron a ser investigadas por el juez Sérgio Moro. Lula fue acusado de recibir ayuda de la empresa OAS para remodelar un triplex ubicado en Guarujá a cambio de favores.

Pese a afirmar que el triplex no le pertenecía, el exrepresentante fue condenado a 9 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Posteriormente, se le aumentaría la pena a catorce años.

El 7 de abril de 2018, Lula ingresó a la prisión de Curitiba para cumplir su condena, donde permaneció 580 días. El 8 de noviembre de 2019 fue puesto en libertad, ya que el Tribunal Supremo Federal dictaminó que su arresto en segunda instancia era inconstitucional.