Es muy conocida la frase de Karl Marx, que dice que la historia siempre se repite dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. Y empiezan a aparecer indicios de que lo mismo ocurre con el problema creado por la convocatoria, por parte del Gobierno catalán, de un referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre. Es cierto que las causas concretas de ambos acontecimientos son diferentes, así como el contexto histórico, especialmente el internacional. Pero lo sorprendente es el hecho de que en los dos únicos períodos democráticos que ha disfrutado España en la etapa contemporánea, la cuestión catalana –por llamarla de alguna manera– haya aflorado; y esto siempre a partir de un crecimiento de la tensión entre los gobiernos central y regional. Algo muy similar ocurrió en 1934.
El programa político que las fuerzas de la oposición acordaron en San Sebastián preveía atender las demandas nacionalistas catalanas. Pero, el mismo día en que se proclamó la Segunda República, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó en Barcelona, en su nombre, la República Catalana. Para reconducir la situación, el Gobierno central, todavía provisional, envió a tres ministros para llegar a un acuerdo. A cambio de no romper la estructura del Estado y retirar la proclama, el gobierno se comprometió a restaurar la Generalitat de Cataluña, cuya presidencia ocuparía el propio Macià, y a aprobar un estatuto de autonomía en las futuras Cortes Constituyentes.
La constitución de 1931 permitió el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones. Cataluña fue la primera en iniciar el proceso por iniciativa de Esquerra Republicana, que desde las elecciones de 1931 había desplazado al nacionalismo moderado de la Lliga Regionalista como partido hegemónico en Cataluña. A raíz del acuerdo obtenido por Macià se creó una Diputación Provisional de la Generalitat, formada por representantes de los municipios. Esta Diputación creó, a su vez, una comisión de seis miembros que redactó un anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que posteriormente, el 6 de agosto de 1931, fue refrendado por el 99% de los votos, aunque las mujeres no podían votar. El 18 de agosto el proyecto entró en las Cortes.
El proyecto de Estatuto adoptaba una filosofía federal en la concepción territorial del Estado y proponía una serie de competencias que contradecían lo estipulado en la Constitución de 1931:creación de una ciudadanía catalana, catalán como única lengua oficial, posibilidad de incorporar otros territorios, etc. . Estas propuestas chocaron con lo dicho en la constitución porque, si bien la constitución reconocía autonomías, el texto se basaba en una concepción unitaria del Estado.
Aunque el proyecto fue reformado para adaptarlo a la constitución –se mantuvieron las competencias exclusivas en derecho civil y régimen administrativo, en la red secundaria de transporte y en servicios sanitarios y sociales–; y compartida en educación, orden público y finanzas–, suscitó una considerable oposición en prácticamente todos los grupos parlamentarios. La actitud claramente favorable de Azaña y la situación política creada tras el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932 fueron fundamentales para su aprobación. Septiembre fue aprobado por la mayoría de las Cortes. Las elecciones convocadas en Cataluña poco después dieron de nuevo la victoria a Esquerra Republicana. Cuando Macià murió en diciembre de 1933, fue sustituido como presidente de la Generalitat por Luis Companys, que formó un gobierno de concentración con partidos de izquierda.
La victoria electoral de los republicanos radicales y la CEDA –noviembre de 1933– y su llegada al gobierno en diciembre de 1933 explican la aparición de los primeros conflictos de competencias. El primero surgió con la aprobación en el Parlamento catalán de la Ley de Contrato de Cultivo, que garantizaba un período mínimo de explotación de la tierra a los arrendatarios (rabassaires ) del sector vitivinícola, así como la posibilidad de adquirir la propiedad de los mismos. La derecha catalana –la Lliga–, con el apoyo del gobierno central, presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue ganado ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este hecho fue considerado por Esquerra Republicana como un ataque a la autonomía catalana.
La respuesta de la Generalitat liderada por Companys hay que situarla en el marco de la revolución de octubre de 1934. Como es bien sabido, el sector más radical de la UGT, liderado por Largo Caballero, adoptó un programa claramente revolucionario que luego fue adoptado por el PSOE, pero no por la CNT. La entrada de ministros de la CEDA en el gobierno fue el detonante para que los socialistas iniciaran la insurrección, que se justificó como un medio para evitar que Gil Robles destruyera la república.
Para comprender correctamente estos acontecimientos es necesario situar el marco histórico europeo. En la Europa de 1934 se iba consolidando el avance del fascismo. A los casos de Alemania e Italia, tuvimos que agregar Austria, donde el Canciller Dollfuss declaró a su Frente Patriótico como partido único y reformó la constitución en un sentido corporativista. Este ejemplo alarmó a la izquierda española –el PSOE ya que la CNT no le hizo caso–, que dio por sentada la república burguesa y optó por la revolución socialista.
También hay que tener en cuenta cuán extendida estaba la idea –entre la izquierda y la centroizquierda republicana– de que la República sólo podía ser gobernada por los partidos de esas ideologías. En la campaña electoral de 1933, los dirigentes socialistas se habían declarado a favor de una revolución socialista. Por ello, el nuevo gobierno de centroderecha vio cuestionada su legitimidad desde el principio, basándose en la supuesta intención de destruir la república. Macià, entonces, presentó Cataluña como el último bastión de la República.
Como ya es sabido, la insurrección revolucionaria impulsada por los socialistas fracasó a nivel nacional –aunque la huelga general fue importante en algunas capitales:Madrid, Sevilla, Valencia, Córdoba, Barcelona…– entre otras razones porque ni la policía ni el ejército querían para involucrarse. El intento revolucionario sólo se vio reflejado en dos fenómenos muy diferentes:el levantamiento obrero en Asturias, y en menor medida en el País Vasco, y la revuelta nacionalista en Cataluña. Lo que unía a estas manifestaciones era su intento de impedir por la fuerza el giro derechista de la República.
En Barcelona, la huelga general del 5 de octubre no contó con el apoyo de la CNT. Al día siguiente, Companys anunció la ruptura de relaciones con el gobierno central y la proclamación del "Estado catalán dentro de la República Federal Española" como medida contra la llegada de la CEDA al poder. No se trataba de una proclamación de independencia sino de la creación de un Estado catalán dentro de un Estado republicano, español; una fórmula compleja. Al mismo tiempo invitó a los líderes de la revuelta a viajar a Barcelona para formar un gobierno provisional.
La medida supuso también una rebelión militar cuyos preparativos habían estado a cargo del ministro del Interior, Josep Dencás, un curioso personaje cercano a la ideología fascista y duro represor de los anarquistas durante su etapa como ministro. El apoyo popular armado que esperaba no se manifestó en las calles. Además, Companys fracasó en su intento de atraer al general Domingo Batet, jefe militar de Cataluña, que desobedeció sus órdenes y ocupó la ciudad. El día 7, Batet colocó una batería de artillería frente al edificio de la Generalitat y tras una pequeña resistencia y un breve cañoneo tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, el gobierno catalán se rindió. La fallida rebelión costó la vida a cuarenta y seis personas, ocho soldados y treinta y seis civiles.
El castigo a los responsables de la rebelión, impulsado por la CEDA y un sector del Partido Radical, se centró en los socialistas, en la figura de Azaña y en el Estatuto de Cataluña y sus representantes. Azaña fue detenido y pasó unos meses en prisión por el simple hecho de que la rebelión coincidiera con su presencia en Barcelona; Mientras tanto, se intentó liquidar el Estatuto, por lo que el 14 de diciembre la autonomía fue suspendida indefinidamente y los líderes del gobierno autonómico fueron procesados. Empresas y sus consellers fueron condenados a treinta años de prisión por rebelión militar. Los militares que estaban al mando de los mossos d'esquadra y el somatén fueron condenados a muerte, aunque posteriormente les conmutaron la pena.
La rebelión fracasó y la autonomía quedó suspendida hasta 1936, cuando el gobierno del Frente Popular la restableció.
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Proclamación del Estado catalán en octubre de 1934. (s.f.). En Wikipedia, la enciclopedia libre . Recuperado de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proclamaci%C3%B3n_del_Estado_Catal%C3%A1n_en_octubre_de_1934&oldid=101751253
