La historia de la humanidad a menudo se interpreta como una lucha de clases entre ricos y pobres. En la República romana este conflicto se manifestó entre la aristocracia y los plebeyos.
Lo que diferencia a Roma de otras polis es la figura del tribuno, una institución creada por los plebeyos para defender sus intereses frente a la nobleza.
Orígenes y composición
El origen exacto del tribuno es incierto, pero la teoría mayoritaria sitúa su creación en 494 a.C. Inicialmente fueron dos, y tras la promulgación de la Ley de las Doce Tablas el número se amplió a diez. Cada tribuno ejercía su cargo durante un año, elegido en la asamblea de la plebe, a la que sólo podían asistir ciudadanos no patricios.
Poderes y limitaciones
Los tribunos gozaban de la inviolabilidad sagrada (sacrosanctitas) y del derecho a vetar decisiones del cónsul y del Senado. En la práctica, ese veto era limitado al principio, pues el poder ejecutivo estaba dominado por la aristocracia.
El fortalecimiento real de sus facultades se produjo con la Ley Licinia‑Sextia (367 a.C.), que obligó a elegir al menos un cónsul de origen plebeyo. Más adelante, la Ley Hortensia (287 a.C.) convirtió las resoluciones de la asamblea plebeya en legislación válida sin necesidad de aprobación senatorial.
El tribuno como puente social
Su función principal era mediar entre patricios y plebeyos, facilitando la integración de los intereses de ambos grupos. Durante el periodo de los hermanos Graco (siglo II a.C.) el tribuno alcanzó su máxima influencia, aunque también se evidenciaron abusos de poder.
De la República al Imperio
En la República, cualquier magistrado, incluido el tribuno, podía aspirar al Senado. Con la llegada del Imperio, Augusto incorporó los poderes tribunos al cargo imperial, renovándolos cada año y transformándolos en una herramienta del emperador.
Así, el tribuno pasó de ser la defensa institucional de los plebeyos a convertirse en parte del aparato autocrático romano.
