El fenómeno de los refugiados y la protección de quienes huyen de situaciones de peligro no son exclusivos de la era moderna. Durante siglos, imperios enteros practicaron traslados forzados de población para ampliar tierras cultivables, aumentar los ingresos y consolidar su dominio sobre territorios recién conquistados. Sin embargo, la formación de los estados-nación a partir de finales del siglo XVIII transformó radicalmente estos movimientos, redefiniendo la relación entre territorio, soberanía, ciudadanía y movilidad.
Con la consolidación de la distinción entre ciudadanos y extranjeros, los desplazamientos poblacionales pasaron a ser objeto de un control político cada vez más estricto. La idea de que grupos religiosos y étnicos heterogéneos cohabiten en un mismo territorio pasó a considerarse anormal y peligrosa bajo la ideología nacionalista europea.
La soberanía nacional concedió a los estados el derecho de moldear la composición de su población mediante la regulación de los flujos migratorios. Así, la política de cierre territorial y social buscaba garantizar la ciudadanía y controlar la movilidad humana, a la vez que intentaba homogeneizar la población por razones económicas y políticas. No obstante, debilidades administrativas, eventos imprevistos y los intereses contrapuestos de los distintos actores socavaban continuamente estas decisiones.
Los primeros pasos antes de la fundación del Estado griego
En la zona que hoy corresponde a Grecia, la cuestión de los refugiados y los términos de su gestión se gestaron antes incluso de que el Estado griego fuera reconocido internacionalmente. Los grupos revolucionarios que lideraron la independencia se vieron obligados a atender a los desplazados de áreas donde la revuelta había sido sofocada, intentando proporcionarles refugio y, en algunos casos, utilizarlos para el esfuerzo bélico contra el Imperio otomano.
Política de Ioannis Kapodistrías
Kapodistrías, anticipándose al crecimiento de la población rural, promovió la rehabilitación de los refugiados mediante la concesión de tierras, aunque trató de limitar el número de beneficiarios para no sobrecargar al Estado, aún frágil y con escasos recursos. Se intentó registrar a los refugiados, clasificarlos según su utilidad para la causa nacional o la urgencia de sus necesidades, y se les otorgaron alojamientos temporales y parcelas agrícolas. Los propios refugiados demandaron los mismos derechos que los ciudadanos griegos: acceso a tierras, representación en las asambleas y el reconocimiento como no extranjeros.
Esta distinción entre los que “la miseria de la patria los obligó a huir” y los que llegaron por voluntad propia marcó la política de asistencia estatal.
Flujos de refugiados en el siglo XIX y principios del XX
Las revueltas fallidas en el Imperio otomano y los conflictos en los Balcanes provocaron oleadas continuas de refugiados hacia Grecia. En 1907 se creó el Fondo Agrícola de Tesalia, la primera institución estatal dedicada a reasignar tierras a refugiados balcánicos y a nativos desposeídos. Los recién llegados fueron agrupados según su origen para facilitar su reasentamiento en entornos similares a los de partida.
Hacia finales del siglo XIX surgieron propuestas para resolver la “Cuestión macedónica” mediante la compra de tierras otomanas y el asentamiento de ciudadanos o expatriados griegos. Tras las Guerras de los Balcanes, se intensificó la distribución de fincas en los nuevos territorios, con el objetivo de reforzar la conciencia griega entre los campesinos locales y de modificar la composición étnica, sobre todo en Macedonia.
Después de la Revolución de Octubre y el fracaso de la campaña aliada en Ucrania, Grecia organizó una operación de rescate para unos 50 000 griegos que vivían en Rusia, trasladándolos a Macedonia, en zonas fronterizas.
Legislación y organismos de la Primera Guerra Mundial
En 1914 se fundó en Salónica el Comité Central para la Atención y Asentamiento de Colonos Homogéneos en Macedonia. En 1917 la Ley de Tratamiento de Refugiados definió por primera vez quién era considerado refugiado, introduciendo criterios económicos además de la persecución política, y estableció los procedimientos de certificación mediante asociaciones reconocidas o testimonios de terceros.
Ese mismo año, en el contexto de la profunda división del cisma, Venizelos impulsó una reforma agraria que buscaba crear una nueva estructura de tenencia de tierras en los “Nuevos Países”, fortalecer la pequeña propiedad, modernizar la producción agrícola y consolidar la soberanía griega mediante la integración de campesinos étnicamente heterogéneos.
El Tratado de Neuilly (1919) incluyó un acuerdo de intercambio poblacional entre Grecia y Bulgaria.
Políticas previas al gran intercambio de 1922
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, las políticas de acogida y rehabilitación de refugiados se centraron en:
- Asentamiento de refugiados en territorios recién incorporados o fronterizos para alterar la composición étnica.
- Rehabilitación rural mediante distribución de tierras a refugiados y a nativos expropiados.
- Clasificación de los refugiados según su utilidad para el proyecto nacional y su derecho a ayudas estatales.
- Procedimientos de registro, certificación de condición de refugiado y adquisición de la ciudadanía.
Ya se discutía la posibilidad de un intercambio de poblaciones, y la administración griega había acumulado un siglo de experiencia en la gestión de la asistencia a refugiados.
El gran intercambio tras 1922
Tras la catástrofe de 1922, Grecia recibió más de un millón de refugiados de Asia Menor, Tracia Oriental y el Pontos. El control de los flujos migratorios y la categorización de la población (ciudadanos vs. extranjeros, autóctonos vs. no autóctonos, elegibles vs. excluidos de la ayuda) se convirtieron en herramientas clave para incrementar la población y moldear su composición demográfica.
*Lina Ventura es profesora de Historia Moderna en el Departamento de Ciencia Política e Historia, especializada en “Inmigración y Diáspora: enfoques contemporáneos y cronológicos”.
