En una entrevista publicada en La República en 2009, el historiador Nelson Manrique dialoga con el periodista Edmundo Cruz sobre la huella que dejaron, hace más de cuatro décadas, las reformas del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. La conversación se sitúa 41 años después del golpe que derrocó a Fernando Belaúnde y examina los efectos sociales, económicos y políticos de aquel proceso.
¿Qué fue el gobierno de Velasco Alvarado?
Según Manrique, el régimen de Velasco representó el proceso de cambio más importante de la República. Desde la independencia hasta 1865 el país estuvo gobernado mayormente por militares; a lo largo del siglo XX, la política estuvo dominada por una oligarquía terrateniente que controlaba finanzas y poder local. En América Latina, cualquier transformación profunda se vinculaba a una revolución anti‑oligárquica.
¿Llegó la revolución tarde a Perú?
El historiador afirma que sí. Mientras en Argentina, Brasil, México, Bolivia y Chile surgían movimientos populares que alteraban el orden, en Perú esas fuerzas fueron rápidamente derrotadas: el Partido Socialista perdió a Mariátegui, el ala ultra‑izquierda del PC quedó aislada, el APRA sufrió la guerra civil de 1932‑33 y permaneció en la clandestinidad hasta 1956. El militarismo se impuso, cerrando espacios de crítica y pensamiento libre.
Una dictadura militar atípica
Velasco no encajaba en el molde de la dictadura tradicional. En los años 40‑50 Perú era mayormente andino e indígena (67 % de una población de 7 millones vivía en la sierra). La escasez de tierra provocó dos fenómenos: migración masiva del campo a la costa y, simultáneamente, una ola de ocupaciones agrarias entre 1956 y 1964, la más grande desde la época de Túpac Amaru. La reforma agraria de Velasco pretendía formalizar ese proceso, pero la presión popular ya había debilitado al latifundio.
Consenso nacional a favor del cambio
El consenso era amplio, salvo entre la oligarquía. En 1958 la Misión Lebret (dirigida por el dominicano José Lebret) denunció la necesidad de reformar la agricultura y el Estado. La Democracia Cristiana, fundada en 1956, exigía lo mismo. Haya de la Torre, inicialmente aliado de Prado y luego de Odría, también se sumó al discurso reformista. Nuevos partidos de clase media —Acción Popular, Democracia Cristiana, Movimiento Social Progresista— demandaron cambios estructurales. Incluso el Ejército, a través del CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), concluyó que la seguridad nacional dependía del desarrollo económico.
Los preparativos militares
En 1962 el Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuestionó la permanencia de la International Petroleum Company en La Brea y Pariñas. Ese mismo año se impulsó la reforma agraria en la zona de La Convención y Lares y se creó el Instituto Nacional de Planificación. El objetivo no era un golpe clásico, sino establecer un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas capaz de ejecutar reformas estructurales.
Responsabilidad del APRA y de la izquierda
Manrique señala que el APRA tuvo una gran culpa al aliarse con la oligarquía en lugar de impulsar la revolución. En 1963 el partido incluyó en sus listas a candidatos del Movimiento Democrático Peruano y se asoció en el Congreso con la Unión Nacional Odriísta. Por su parte, los partidos de izquierda eran débiles: el Partido Comunista quedó desacreditado por su vínculo con la élite financiera, y el Movimiento Social Progresista carecía de arraigo popular. Los grupos armados como el MIR y el ELN fueron rápidamente aplastados en 1965.
Impacto en la insurgencia de Sendero Luminoso
Según Manrique, la reforma agraria de 1969, a pesar de sus defectos, retiró a Sendero Luminoso de su base campesina potencial. Sin esa reforma, el grupo habría encontrado un terreno fértil para expandirse. Sendero, sin embargo, no buscaba una reforma agraria democrática, sino transformar la lucha agraria en una guerra popular.
Nationalización y estatización de recursos estratégicos
Las nacionalizaciones de la época deben entenderse en su contexto histórico. En la década de los 60‑70, la CECLA y los gobiernos latinoamericanos promovían la industrialización estatal y la expropiación de recursos estratégicos como receta de desarrollo. Desde la perspectiva actual, esas políticas pueden considerarse errores, pero fueron coherentes con la lógica de su tiempo.
Reformas laborales y el factor étnico
La creación de comunidades laborales en la industria, minería y pesca fue una novedad del velasquismo, intentando conciliar clases mediante la participación de los trabajadores en la gestión y los beneficios. El fracaso de esta iniciativa no solo se debió a razones económicas, sino también a un fuerte racismo estructural. Estudios como el de Carmen Rosa Balbi revelan que empresarios se negaban a negociar con trabajadores porque consideraban inaceptable que los “cholos” estuvieran en los directorios de las empresas.
Legado y controversia
Velasco buscó un capitalismo nacional, pero su proyecto no fue anti‑burgués; simplemente intentó reconfigurar las relaciones de poder. Figuras como los Romero, Raffo y Brescia prosperaron, mientras que la élite militar se mantuvo dominante. El recuerdo de Velasco sigue polarizado: para algunos es el “bestia negra” de la burguesía, para otros el impulsor de una revolución desde arriba que evitó una ruptura violenta desde abajo.
Fuente: agencias.lamula.pe