El 19 de noviembre de 2012 marcó una fecha histórica para Colombia y Nicaragua, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió su sentencia sobre la delimitación marítima en el Caribe. El conflicto, iniciado en 2001 cuando Nicaragua solicitó a la Corte definir las fronteras marítimas, tiene raíces diplomáticas que se remontan a 1980, cuando Managua declaró nulo el Tratado Esguerra‑Bárcenas de 1928, alegando la ocupación estadounidense.
El fallo de La Haya
La CIJ concedió a Nicaragua 75 000 km² del mar Caribe, modificando los mapas de ambos países y otorgándole una nueva frontera marítima con Jamaica y Panamá. Al mismo tiempo, se confirmó la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y los archipiélagos menores.
El anuncio generó polémica en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos declaró que “no se podía perder una gran parte del mar” y los medios locales titularon “Más tierra, menos agua”. Santos anunció inmediatamente su intención de apelar y, en palabras propias, calificó el fallo de “inaplicable”. Además, amenazó con retirar a Colombia del Pacto de Bogotá (1948) y de la jurisdicción de la Corte.
Reacciones de Nicaragua
El presidente Daniel Ortega exigió el cumplimiento del laudo y advirtió que llevaría el caso a la ONU si Colombia persistía en su negativa.
Situación posterior al laudo
Un año después, la disputa sigue sin resolverse de manera definitiva. Colombia reforzó su presencia naval en la zona y explora vías legales para revertir los efectos del fallo; Nicaragua, por su parte, también mantiene presencia militar en aguas caribeñas. Los pescadores de ambos países son los más afectados, al ver limitadas sus actividades tradicionales.
El caso Perú‑Chile
En el conflicto actual entre Perú y Chile, los mandatarios Ollanta Humala y Sebastián Piñera han manifestado su voluntad de acatar la decisión de La Haya. Cuentan con el respaldo de amplios sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, aunque voces como la del diputado Jorge Tarud expresan críticas. Ambos gobiernos reconocen que, aunque la adaptación a la sentencia requerirá tiempo, la misma entra en vigor de inmediato, a diferencia de la situación Colombia‑Nicaragua.
Fuente: EL ESPECTADOR
Fuente: EFE
