El bienio reformista Fue una etapa que se inició desde la proclamación del 14 de 1931 hasta las elecciones de noviembre de 1933 en la que se produjeron múltiples cambios y reformas en el estado.
El camino democrático emprendido es evidente tanto en la celebración abierta de elecciones como en el proceso de redacción de la nueva Constitución. Más problemas tiene el intento, en un corto espacio de tiempo, de generalizar el secularismo o modernizar las estructuras agrarias del país.
De entrada, poco después de ser nombrado ministro de Guerra en el Gobierno Provisional, Azaña ha llevado a cabo una reforma impecable desde el punto de vista técnico que, sin embargo, no cuenta con el acuerdo de los afectados ni va acompañada de una modernización del propio ejército. suscitando, nuevamente, oposición y hostilidad. De esta manera, la República se gana en sus dos primeros años de existencia el rechazo, que tan caro le acabará costando, por parte de la Iglesia, los terratenientes y parte del ejército.
Reformas sociales
En su afán por recuperar el tiempo perdido, la República puso en marcha un ambicioso plan educativo:entre 1931 y 1933 se capacitaron más de 7.000 profesores y se crearon más de 10.000 nuevas escuelas. La Iglesia, que hasta ese momento se había ocupado prácticamente sin competencia de la educación en España, se ve gravemente afectada. Siguiendo el precepto constitucional, se prohíbe la enseñanza por parte de las órdenes religiosas y se disuelve la Compañía de Jesús. Otras decisiones encaminadas a restringir la presencia de la religión en la esfera pública, la aprobación del divorcio, la ley sobre los cementerios civiles o los conflictos con la jerarquía eclesiástica acaban movilizando a los católicos, por si no fueran ya suficientes, contra el nuevo régimen.
Reforma Agraria
La reforma agraria, aprobada en septiembre de 1932, intenta redistribuir la propiedad de la tierra, mayoritariamente en manos de la nobleza terrateniente. Para ello se basa en la expropiación de latifundios y el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. El rechazo de los afectados y la lentitud de los trámites burocráticos impiden avances suficientes, aunque consiguen, una vez más, enfrentar a la República a sectores sociales poderosos. Además, se está intentando reformar el ejército, que adolece de un exceso de oficiales y está demasiado involucrado en los asuntos políticos.
Problema territorial en el bienio de las reformas
Junto a estas reformas, la cuestión territorial, especialmente la catalana, es otro de los ejes de discusión en torno a los que gira la política republicana. Desde el último cuarto del siglo XIX y principalmente desde el «desastre» de 1898, determinados sectores sociales catalanes y, en menor medida, vascos y gallegos, promoverán el conocimiento y reconocimiento de sus diferencias culturales, que, poco a poco, consiguen articularse políticamente.
Liga Regionalista
Durante el reinado de Alfonso XIII, la clase política catalana se agrupaba en torno a la Lliga Regionalista, un partido conservador de la burguesía que formaría parte activa de la política española del momento y que estaba liderado por Prat de la Riba (fundador del Institut d 'Estudis Catalans), hasta su muerte en 1917, y Francesc Cambó, posteriormente. El vínculo entre la Lliga y la monarquía anima a otros grupos de izquierda catalanes a liderar la transición al nuevo régimen republicano.
Proclamación del estado catalán
Políticos como Carrasco Formiguera, de Acció Catalana, Matías Malliol, de Acció Republicana de Catalunya, y Jaume Aiguader, de Estat Catalá, formarán parte del pacto de San Sebastián. Junto a ellos, completan la representación de los regionalismos el gallego Santiago Casares Quiroga, por la ORGA; el Partido Nacionalista Vasco, anclado en su particular tradicionalismo, no firmó el Pacto. Con la llegada de la República, el 14 de abril, el coronel Maciá, cofundador con Lluís Companys de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó, como ya se ha señalado, el Estado catalán, invitando a otras regiones a unirse en una federación ibérica. Asustado por la inesperada acción de Maciá, el Gobierno Provisional envía a dos de sus consellers catalanes, Marcelino Domingo y Nicolau d'Olwer, a Barcelona, junto al socialista Fernando de los Ríos, para intentar frenar una operación que podría tener consecuencias fatales para el nuevo sistema.
Aprobación del Estatuto de Cataluña
Los consellers Marcelino Domingo, Nicolau d'Olwer y el socialista Fernando de los Ríos consiguen convencer al viejo líder catalán de esperar a la elaboración de una Constitución republicana que, tal y como se acordó en San Sebastián, incluirá la autonomía para Cataluña, y la aprobación de su Estatuto por las Cortes. A cambio, Maciá presidirá la Generalitat, que en los meses que pasan hasta que se apruebe el texto constitucional actúa como un régimen preautonómico, mientras Companys es nombrado gobernador civil de Barcelona, en un principio, y ministro de Marina. , tras la formación del Gobierno de Azaña. Entre los meses de mayo y septiembre de 1932 se discutió en el Parlamento el proyecto de Estatuto catalán, dando lugar a bastantes enfrentamientos. Fue aprobado finalmente el 15 de septiembre de 1932. Tras la revolución de octubre de 1934 -que abordaremos más adelante- la Generalitat quedará disuelta; Su restitución vendrá de la mano de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
Estatuto Vasco
En el caso del Estatuto Vasco, tiene más problemas por la renuncia de Navarra a adherirse a él y el poco entusiasmo que despierta en Álava (donde no se alcanzó el 50% de los votos en el referéndum de noviembre de 1933), por lo que no será aprobado hasta octubre de 1936, una vez iniciada la guerra. El Estatuto de autonomía de Galicia es aprobado en junio de 1936, sin haber tenido tiempo de discutirlo en las Cortes.
Intento de golpe de agosto de 1932
En los meses transcurridos desde la proclamación de la República, y especialmente desde la aprobación de la Constitución y la llegada de Azaña como presidente del Gobierno, el joven sistema político ha ido ganando poderosos enemigos con cada decisión tomada. Apenas dieciséis meses después del apasionante 14 de abril, en agosto de 1932, el general Sanjurjo dio un golpe de estado. Alentado por los sectores afectados por las reformas, motivado por la situación política y ofendido por su salida de la Guardia Civil, desde cuyo mando había favorecido la llegada del nuevo régimen, Sanjurjo habló en Sevilla, a la espera de ser seguido por el resto de el ejército. La operación mal planificada es un estrepitoso fracaso.
Creación de nuevos partidos
La derecha católica, ante la situación generada, opta por organizarse políticamente. A finales de 1932 se fundó la Confederación Española de Derechas Autonómicas (CEDA), liderada por Gil Robles, que pretendía revertir las reformas iniciadas por la República , especialmente aquellos que afectan a la cuestión religiosa, y cuyo objetivo difuso es un sistema alejado del pluralismo, más cercano a los que se han configurado en la Italia de Mussolini o el Portugal de Salazar. Sobre una base social de campesinos y clases medias urbanas y bajo un programa de defensa de la religión (frente a los republicanos) y de la propiedad (frente a los socialistas), la CEDA pone todos sus esfuerzos en acabar con el gobierno y reformarlo. la Constitución.
Grupos autodenominados fascistas hacen su aparición también en estas fechas en España, tardíamente si se compara con lo que ocurrió en otros países de nuestro entorno.
En 1931, Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo crearon las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), organización que se autodefinía como nacionalsocialista, a la que se adhirió en 1933 la Falange Española, encabezada por José Antonio Primo de Rivera . Ambas organizaciones se unieron un año después, en 1934, dando origen a la Falange Española de las JONS. Desde su creación, estos grupos han tenido como objetivo generar un clima desestabilizador que les permita imponer, a través de la violencia, su ideología, imposible de lograr de otra manera. Si bien su presencia es grande, debido a su constante participación en disturbios y asesinatos, su aceptación es escasa, obteniendo dos diputados en las elecciones de 1933 y ninguno (con menos del 0,5% de los votos) en las de 1936.
Por su parte, la política de confrontación de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), el sindicato anarquista , que provoca la reacción violenta de las fuerzas del orden público (como en Casas Viejas, donde mueren catorce campesinos), y el constante malestar laboral (todo un rosario de huelgas y enfrentamientos), completan un panorama de acoso constante a un sistema político tan necesitado de apoyo. Otro pequeño partido, el comunista, obtuvo un diputado en las elecciones de 1933 . Su programa bolchevique y su política revolucionaria provocaron bastantes enfrentamientos con grupos fascistas, trasladando ambos grupos su discusión a la calle.
Crisis del Gobierno de Azaña
La crisis económica, consecuencia del crack de 1929, que elevó considerablemente los niveles de desempleo; la movilización política de la Iglesia para revertir el camino recorrido; el desgaste de Azaña a raíz de la campaña desatada tras los sucesos de Casas Viejas (en la que tanto la izquierda como los socialistas hostigan al Gobierno); y las presiones a las que es sometido el Presidente de la República, motivan el retiro, por su parte, de la confianza en el Jefe de Gabinete. La salida de Azaña del Gobierno y la incapacidad de Lerroux para constituir uno nuevo motivaron la disolución de las Cortes, el nombramiento de Martínez Barrio, el 8 de octubre de 1933, como jefe del Gobierno y la convocatoria anticipada de un proceso electoral. 
