El bienio reformista fue una etapa que comenzó con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 y se extendió hasta las elecciones de noviembre de 1933, período en el que se implementaron múltiples cambios y reformas en el Estado.
El camino democrático se manifestó tanto en la celebración abierta de elecciones como en la redacción de la nueva Constitución. En poco tiempo se intentó generalizar el laicismo y modernizar la estructura agraria, lo que generó fuertes resistencias.
Desde su nombramiento como Ministro de Guerra del Gobierno Provisional, Azaña impulsó una reforma militar técnicamente impecable, pero no contó con el apoyo de los afectados ni con una modernización profunda del ejército, lo que alimentó la oposición de la Iglesia, los terratenientes y parte del ejército.
Reformas sociales
Con ánimo de recuperar el tiempo perdido, la República lanzó un ambicioso plan educativo: entre 1931 y 1933 se formaron más de 7.000 docentes y se crearon más de 10.000 escuelas nuevas. La Iglesia, que hasta entonces había monopolizado la educación, quedó gravemente limitada. La Constitución prohibió la enseñanza de órdenes religiosas y disolvió a la Compañía de Jesús. Otras medidas, como la aprobación del divorcio, la ley de cementerios civiles y la restricción de la presencia religiosa en la esfera pública, movilizaron a los católicos contra el nuevo régimen.
Reforma agraria
La reforma agraria, aprobada en septiembre de 1932, pretendía redistribuir la tierra en manos de la nobleza terrateniente mediante la expropiación de latifundios y el asentamiento de campesinos. La resistencia de los propietarios y la lentitud burocrática limitaron su alcance, pero generaron un nuevo enfrentamiento entre la República y poderosos sectores sociales. Paralelamente, se intentó modernizar el ejército, excesivamente inflado de oficiales y muy involucrado en la política.
Problema territorial en el bienio reformista
Junto a estas reformas, la cuestión territorial, especialmente la catalana, se convirtió en uno de los ejes de debate de la política republicana. Desde finales del siglo XIX y, sobre todo, tras el "desastre" de 1898, sectores catalanes, y en menor medida vascos y gallegos, promovieron el reconocimiento de sus diferencias culturales, articulándose poco a poco políticamente.
Liga Regionalista
Durante el reinado de Alfonso XIII, la clase política catalana se agrupó en la Lliga Regionalista, partido conservador burgués liderado por Prat de la Riba (fundador del Institut d'Estudis Catalans) y, después de su muerte en 1917, por Francesc Cambó. La cercanía de la Lliga a la monarquía impulsó a los grupos catalanes de izquierda a liderar la transición hacia el nuevo régimen republicano.
Proclamación del Estado catalán
Políticos como Carrasco Formiguera (Acció Catalana), Matías Mallol (Acció Republicana de Catalunya) y Jaume Aiguader (Estat Català) participaron en el Pacto de San Sebastián, junto al gallego Santiago Casares Quiroga (ORGA). El Partido Nacionalista Vasco, anclado en su tradicionalismo, no firmó el pacto. Con la llegada de la República, el 14 de abril, el coronel Maciá, cofundador con Lluís Companys de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó el Estado catalán e invitó a otras regiones a una federación ibérica. Alarmado, el Gobierno Provisional envió a los ministros catalanes Marcelino Domingo y Nicolau d'Olwer, acompañados del socialista Fernando de los Ríos, a Barcelona para frenar la acción.
Aprobación del Estatuto de Cataluña
Los ministros Domingo, d'Olwer y de los Ríos convencieron a los líderes catalanes de esperar la Constitución republicana, que según el Pacto de San Sebastián incluiría la autonomía catalana. A cambio, Maciá presidió la Generalitat, que funcionó como régimen preautonómico hasta la aprobación del Estatuto el 15 de septiembre de 1932. Tras la revolución de octubre de 1934, la Generalitat fue disuelta; su restitución llegó con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.
Estatuto vasco
El Estatuto vasco enfrentó mayores obstáculos: la renuncia de Navarra a incorporarse y la falta de apoyo en Álava (menos del 50 % del voto en el referéndum de noviembre de 1933) impidieron su aprobación hasta octubre de 1936, cuando la Guerra Civil ya había estallado. El Estatuto de autonomía gallego se aprobó en junio de 1936, sin llegar a debatirse en las Cortes.
Intento de golpe de agosto de 1932
Tras la proclamación de la República y la aprobación de la Constitución, el joven sistema político ganó enemigos poderosos. Dieciséis meses después, en agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó un golpe apoyado por sectores descontentos con las reformas y ofendido por su destitución de la Guardia Civil. El alzamiento, mal planificado, fracasó rotundamente.
Creación de nuevos partidos
La derecha católica, ante el clima reformista, se organizó políticamente. A finales de 1932 se fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por Gil Robles, con el objetivo de revertir las reformas republicanas, especialmente las que afectaban a la cuestión religiosa, y de instaurar un sistema autoritario similar al de Mussolini o Salazar. Con base social entre campesinos y clases medias urbanas, la CEDA defendía la religión y la propiedad, y buscaba la caída del gobierno y la reforma constitucional.
En 1931 Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo crearon las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), una organización que se autodefinía como nacional‑socialista; en 1933 se unieron a la Falange Española, liderada por José Antonio Primo de Rivera. En 1934 ambas se fusionaron formando Falange Española de las JONS. Aunque su presencia en disturbios y asesinatos fue notable, su apoyo electoral fue escaso: dos diputados en 1933 y ninguno en 1936.
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato anarquista, provocó violentas reacciones del orden público (por ejemplo, la masacre de Casas Viejas) y una constante ola de huelgas y enfrentamientos, contribuyendo al clima de inestabilidad. El Partido Comunista, pequeño pero activo, obtuvo un diputado en 1933; su programa bolchevique generó enfrentamientos con los grupos fascistas.
Crisis del Gobierno de Azaña
La crisis económica derivada del crac de 1929, el fuerte movilismo de la Iglesia, la presión sobre Azaña tras los hechos de Casas Viejas y la imposibilidad de Lerroux para formar nuevo gobierno llevaron a la disolución de las Cortes. El 8 de octubre de 1933 Martínez Barrio asumió la presidencia del Gobierno y convocó elecciones anticipadas.
