Tras la celebración de la llegada del nuevo régimen, se constituyó un Gobierno Provisional integrado por republicanos conservadores como su presidente, Alcalá‑Zamora, centristas como Lerroux (Ministro de Estado), izquierdistas como Azaña (Ministro de Guerra) y socialistas como Francisco Largo Caballero (Trabajo), Indalecio Prieto (Hacienda) y Fernando de los Ríos (Justicia). Su ambicioso proyecto, expuesto en un documento público al día siguiente de la proclamación de la República, tuvo que enfrentarse primero a las propias fuerzas republicanas, que impulsadas por el cambio buscaban caminos propios: la proclamación unilateral del Estado catalán por Maciá en Barcelona o los incendios de conventos provocados por anticléricos descontrolados dificultaron la consolidación de un sistema joven y rodeado de enemigos.
Pensamientos del Gobierno
Los miembros del Ejecutivo tenían intenciones muy diferentes. Los republicanos moderados querían limitarse a articular una democracia liberal que renovara la dinámica política corrupta de la monarquía sin transformar la estructura social. Los republicanos de izquierda defendían una transformación cultural radical para erradicar el analfabetismo, la superstición y el atraso, y sentar las bases de una modernización que pasara por la construcción de un Estado laico, separado de la influencia perniciosa de la Iglesia y plenamente democrático. Los socialistas, a pesar de sus corrientes internas, compartían el objetivo de crear un marco político que permitiera avanzar hacia un futuro socialista (ya fuera mediante la democracia liberal o la dictadura del proletariado) y, a corto plazo, corregir los desequilibrios e inequidades que afectaban a las clases más desfavorecidas. Aunque coincidían en metas generales, pronto surgieron tensiones.
Elecciones a Cortes Constituyentes
Para crear el marco constitucional se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas el 28 de junio de 1931 bajo gran expectación. El resultado favoreció a los republicanos de izquierda y a los socialistas, obteniendo el PSOE, único partido con una organización nacional, 114 escaños, entre los que destacaron académicos como Julián Besteiro, Jiménez de Asúa o Juan Negrín. En el Parlamento republicano se sentaron representantes de todas las tendencias y regiones, incluidos 64 profesores y 50 escritores y periodistas. Intelectuales como Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Sánchez Román o Unamuno participaron activamente en los debates parlamentarios; Américo Castro, Salvador de Madariaga y Ramón Pérez de Ayala fueron nombrados embajadores.
Elaboración de la nueva Constitución
Las Cortes celebraron su primera sesión el 14 de julio, fecha simbólica por la toma de la Bastilla. Para redactar el borrador constitucional se eligió una comisión presidida por Jiménez de Asúa, socialista moderado, integrada por veinte diputados de todas las tendencias. En tres semanas presentaron el informe para su discusión. La elaboración y aprobación del texto quedó en manos de la coalición ganadora en junio: un grupo heterogéneo de republicanos de izquierda y socialistas, prácticamente el mismo que sustentaba al Gobierno Provisional, salvo los republicanos más moderados y conservadores. En términos generales no hubo un gran debate sobre la forma de Estado propuesta: supremacía legislativa (cámara única), independencia judicial, reconocimiento y autonomía regional, presidente de la República elegido por seis años con facultad de nombrar al presidente del Gobierno (sujeto a la aprobación de las Cortes), etc.
Debate sobre la relación Estado‑Iglesia Católica
El conflicto estalló en octubre cuando se discutió la redacción definitiva del artículo 26, que pretendía regular las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. El borrador establecía que todas las confesiones serían consideradas asociaciones sujetas a la legislación general; que el Estado no podría favorecer ni financiar a iglesias, asociaciones ni instituciones religiosas; y que podría disolver ciertas órdenes religiosas y nacionalizar sus bienes. La intención republicana no iba más allá de lo ya hecho en otras naciones europeas que habían definido su separación Iglesia‑Estado. La reacción de la Iglesia y de los grupos clericales fue proporcional a los privilegios que disfrutaban. El debate se convirtió en una discusión interminable sobre los beneficios o perjuicios que el catolicismo había traído a la historia de España. El ministro de Obras Públicas, Álvaro de Albornoz, afirmó que «la influencia teológica de la Iglesia se debe a los defectos de nuestro carácter, al sentido inquisitivo de la justicia, al sentimiento catastrófico de la vida, que incapacita al país para una reforma moderna». Por su parte, Gil Robles, representante de los grupos católicos, calificó el artículo 26 de ataque «contra las mejores tradiciones españolas»; Antonio Pildáin, diputado nacionalista vasco y sacerdote, llegó a decir que su aprobación abriría la puerta a una «resistencia activa armada». Manuel Azaña, ministro de Guerra, defensor clave del artículo, declaró al año siguiente que «la Iglesia no tiene derecho a usar al Estado como su brazo secular, a pagar sus gastos de culto, a imponer sus ideas espirituales a la juventud y a controlar funciones como el matrimonio y el entierro».
Renuncia de Alcalá‑Zamora y Miguel Maura
El artículo fue finalmente aprobado el 13 de octubre, lo que provocó la dimisión de los dos miembros más conservadores y católicos del Gobierno Provisional: su presidente, Alcalá‑Zamora, y el ministro del Interior, Miguel Maura. Azaña fue nombrado presidente de un Gobierno Provisional en el que apenas introdujo cambios. La cuestión religiosa se convirtió en la primera fisura del nuevo régimen y abrió heridas que no sanarían: para Gil Robles toda acción política debía dirigirse a una revisión constitucional que acabara con el secularismo, o, en última instancia, con la propia República.
Aprobación de la Constitución de 1931
La nueva Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Para recuperar a los republicanos conservadores y reforzar su prestigio, Alcalá‑Zamora fue elegido presidente de la República un día después. Azaña volvió a ser nombrado presidente del Gobierno el 16 de diciembre (ya no provisional); sus habilidades políticas, su gestión al frente del Ministerio de Guerra y su participación en los debates parlamentarios lo convirtieron en la figura política más destacada del momento. En coalición con los socialistas, a quienes prefería mantener cerca y no en la oposición, el gobierno de Azaña intentó materializar los objetivos compartidos que habían motivado la llegada de la joven República: lograr una España democrática, laica y moderna, objetivo que, en gran medida, ya había sido impulsado por el trabajo del Gobierno Provisional.
