En la República Romana nunca se elegía a un dictador mediante voto popular. Su nombramiento era una medida excepcional, reservada para situaciones de grave amenaza externa o interna.
El dictador era designado por los cónsules o por el Senado, con un mandato limitado (generalmente seis meses) y con poderes extraordinarios para resolver la crisis. Una vez superada la emergencia, entregaba el poder y regresaba a la vida civil.