Introducción
El debate sobre la entrada de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (SADR) y jefe del Ejército de Liberación Saharaui (ELS), en España ha generado una polémica que va más allá de la legalidad de su ingreso y de su tratamiento por el Covid‑19. La controversia es la punta de un iceberg que incluye tensiones históricas entre España y Marruecos y, sobre todo, la reciente escalada del conflicto armado entre la SADR y Marruecos en el Sáhara Occidental.
Contexto del conflicto saharaui
Desde 1975 el territorio del Sáhara Occidental está dividido entre la administración marroquí y el Frente Polisario, que reclama la autodeterminación mediante un referéndum respaldado por la ONU. En noviembre de 2020, tras el cierre del paso de Guerguerat –una vía estratégica que conecta el Sahara con Mauritania–, la SADR reactivó la zona y comenzó una serie de ataques de artillería contra posiciones marroquíes, anunciando el fin del alto el fuego de 1991.
La visita de Brahim Gali a España
En abril de 2021, Gali llegó a España para recibir tratamiento médico en el hospital de San Pedro de Logroño. Su presencia, en un momento de guerra abierta entre la SADR y Marruecos, provocó la reacción de Rabat, que calificó la decisión española de "una amenaza a las relaciones bilaterales" y exigió una respuesta clara.
¿Guerra ficticia o guerra silenciosa?
Los analistas se dividen entre dos interpretaciones:
- Guerra latente: la SADR realiza bombardeos y acciones de hostigamiento, mientras Marruecos mantiene una postura de silencio, evitando reconocer oficialmente el conflicto para no legitimar la narrativa saharaui.
- Guerra activa: ambas partes están involucradas en combates, aunque Marruecos los minimiza como "ruido" del Polisario. Según los saharauis, la violencia ya se ha convertido en una guerra total que podría extenderse a la región del Magreb y al Sahel.
Estrategias militares
Marrocos apuesta por una defensa basada en el "muro de la vergüenza" y por la superioridad aérea y de blindados, sin atacar los campos de refugiados en Tinduf (Argelia). Por su parte, la SADR, pese a la escasez de recursos y a la falta de una industria militar, emplea una guerra de baja intensidad: bombardeos de artillería, cohetes y morteros, buscando desgastar la moral marroquí y ganar apoyo internacional.
Batalla diplomática
El conflicto se ha trasladado al ámbito internacional. Marruecos ha consolidado alianzas con España, Francia, EE. UU., Reino Unido, los países del Golfo, varios estados africanos y, más recientemente, con Israel y los EE. UU. bajo la administración de Donald Trump. La SADR, por su parte, cuenta con el reconocimiento de más de 80 países (aunque ninguno de la UE) y lleva a cabo una intensa campaña mediática mediante la agencia Saharawi News Agency (SPS) y redes sociales como "Saharawi Voice".
Ambas partes reclaman al organismo de la ONU (MINURSO) la designación de un enviado especial para mediar en el conflicto y denuncian la falta de presión internacional. La SADR también denuncia la venta de armas a Marruecos y la explotación de recursos saharauis por empresas internacionales.
Posición de España
España, a pesar de su responsabilidad histórica y legal sobre el Sáhara Occidental, ha mantenido una política de "neutralidad positiva". Ha apoyado resoluciones de la ONU y ha criticado la represión marroquí, pero al mismo tiempo ha buscado no romper sus estrechos vínculos con Rabat, especialmente en materia de migración y seguridad. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, reconoció en 2021 la existencia de enfrentamientos armados, aunque sin adoptar una postura firme a favor de la autodeterminación.
Conclusiones
El caso Gali ha puesto de relieve una guerra que, aunque poco cubierta por los medios, sigue cobrando vidas y alimentando una disputa diplomática que involucra a potencias globales. La ausencia de una solución política, la falta de observadores internacionales y el silencio estratégico de Marruecos hacen que el conflicto permanezca en la sombra, mientras la comunidad internacional sigue dividida entre la defensa de la soberanía marroquí y el derecho saharaui a la autodeterminación.
