Humberto Castello Branco fue el primer presidente de la etapa dictatorial en Brasil y, durante su mandato, aplicó una política económica de austeridad y una dura represión política.
El Mariscal Humberto Castello Branco asumió la presidencia tras el golpe de 1964 que depuso a João Goulart y gobernó hasta 1967, cuando lo sucedió Artur Costa e Silva. Su gestión consolidó la estructura represiva que marcaría los llamados “años de plomo”.
Investidura de Castello Branco y establecimiento de la represión
Castello Branco tomó posesión el 15 de abril de 1964, sustituyendo al presidente provisional Ranieri Mazzilli. Su investidura confirmó el poder de la junta militar que había organizado el golpe. Fue elegido en una votación indirecta en la que se impusieron Juarez Távora y Eurico Gaspar Dutra.
Al momento de su asunción, Brasil ya estaba bajo el Acto Institucional nº 1 (AI‑1), decretado el 9 de abril de 1964. El AI‑1 creó un marco legal que permitió la persecución, detención y encarcelamiento de los opositores al régimen, además de legitimar la destitución de Goulart.
Con el AI‑1 comenzaron los allanamientos indiscriminados, el uso de estadios y buques de la Marina como cárceles y los primeros registros de torturas por parte de agentes del Estado.
El acto también desencadenó purgas en la administración civil y militar: según el historiador Boris Fausto, alrededor de 1.400 funcionarios civiles y 1.200 militares perdieron sus cargos.1
En el Congreso, 41 diputados fueron despojados de sus derechos políticos, la mayoría vinculados al Partido Laborista Brasileño (PTB). Gobernadores que no apoyaron el golpe, como Mauro Borges de Goiás, fueron removidos.
Los movimientos sociales también fueron blanco de la represión: la Universidad Nacional de Estudiantes (UNE) tuvo su sede incendiada y fue ilegalizada; las Ligas Campesinas, defensoras de la reforma agraria, fueron proscritas.
Se intensificó el uso de las Investigaciones de la Policía Militar (IPMs), mecanismos que en las primeras semanas del golpe generaron más de 700 procesos y 10.000 acusados.2
El objetivo de este aparato represivo era eliminar a la élite de izquierda y centro‑izquierda y desarticular los movimientos sociales.
AI‑2 y AI‑3
Durante el gobierno de Castello Branco se promulgaron dos actos institucionales que endurecieron aún más el régimen.
El AI‑2, emitido a finales de 1965, estableció la elección indirecta del presidente y otorgó prerrogativas que reforzaron al Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Este decreto provocó la ruptura de figuras conservadoras como Carlos Lacerda y Ademar de Barros.
La ruptura de Lacerda dio origen a la Frente Amplia», una coalición oposicionista que buscaba la restauración de la democracia y la convocatoria de elecciones presidenciales directas. El Frente Amplia fue ilegalizado a principios de 1968.
El AI‑3 instituyó el bipartidismo: el partido oficialista se llamó Alianza Nacional Renovadora (ARENA) y la única oposición legal, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Además, extendió las elecciones indirectas a gobernadores y alcaldes.
En 1967 se promulgó una nueva Constitución, y al término del mandato de Castello Branco, Artur Costa e Silva asumió el poder, consolidando los “años de plomo”.
Política económica: PAEG
Los historiadores describen la política económica del gobierno de Castello Branco como una política de austeridad. Sus principales metas fueron controlar la inflación y reducir la deuda pública mediante el Plan de Acción Económica del Gobierno (PAEG).
Para disminuir la deuda, se restringió el gasto público y se estableció un control de los reajustes salariales, calculados según la inflación promedio de años anteriores, lo que redujo el poder adquisitivo de los trabajadores.
Se aprobó una ley que reguló los sindicatos, imponiendo condiciones extremadamente estrictas para la autorización de huelgas, prácticamente imposibilitándolas. Asimismo, se creó el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), que facilitó los despidos al obligar a las empresas a depositar el 8 % del salario del trabajador en una cuenta vinculada al empleo; el trabajador solo podía retirar esos fondos en casos de despido sin causa o para compra de vivienda.
El PAEG logró que la inflación comenzara a disminuir a partir de 1965, pero los críticos sostienen que el plan favoreció a los grandes sectores empresariales al limitar los aumentos salariales y facilitar los despidos, sentando las bases del posterior “Milagro Económico”.
Referencias
1. FAUST, Boris. History of Brazil. São Paulo: Edusp, 2013, p. 399.
2. SCHWARCZ, Lilia Moritz y STARLING, Heloisa Murgel. Brazil: a biography. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 457.
3. NAPOLITAN, Marcos. 1964: History of the Brazilian Military Regime. São Paulo: Context, 2016, p. 70‑71.
*Crédito de la imagen: FGV/CPDOC
