Declaración de los Derechos Humanos en la Sociedad
Extracto de las actas de la Asamblea Nacional, 20, 21, 23, 24 y 26 de agosto y 1 de octubre de 1787.
Aceptado por el Rey el 5 de octubre de 1789.
Los representantes del pueblo francés, reunidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, resolvieron exponer, en una solemne Declaración, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, de modo que esta Declaración, presente constantemente ante todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sus derechos y deberes; para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, siempre comparables con el fin de cualquier institución política, sean más respetados; y para que las pretensiones de los ciudadanos, fundadas en principios simples e indiscutibles, conserven siempre la Constitución y la felicidad de todos.
En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:
Artículo I – Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden basarse en la utilidad común.
Artículo II – El fin de toda asociación política es la preservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.
Artículo III – El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.
Artículo IV – La libertad consiste en hacer todo lo que no dañe a los demás; por tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene límites más allá de los que aseguren el goce de esos mismos derechos por los demás miembros de la sociedad. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.
Artículo V – La ley tiene derecho a defender únicamente las acciones que resulten perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no ordena.
Artículo VI – La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente, o a través de sus representantes, a su formación. Debe ser igual para todos, ya sea protectora o punitiva. Todos los ciudadanos, iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según sus capacidades y sin distinción alguna más que la de sus virtudes y talentos.
Artículo VII – Nadie puede ser acusado, arrestado o detenido sino en los casos determinados por la ley y conforme a las formas que ella prescribe. Quienes soliciten, aceleren, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados; pero todo ciudadano citado o detenido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; la resistencia constituye culpabilidad.
Artículo VIII – La ley sólo debe establecer penas que sean estrictamente y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino por una ley establecida y promulgada antes del delito y aplicada legalmente.
Artículo IX – Todo hombre se presume inocente hasta que se le declare culpable; si resulta indispensable su arresto, cualquier rigor que no sea necesario para identificarlo será severamente sancionado por la ley.
Artículo X – Nadie debe ser perseguido por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.
Artículo XI – La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre: todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, salvo que responda por el abuso de esa libertad en los casos que la ley determine.
Artículo XII – La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano requiere una fuerza pública; dicha fuerza se instituye para el beneficio de todos y no para la utilidad particular de quienes la administran.
Artículo XIII – Para el mantenimiento de la fuerza pública y los gastos de la administración, es esencial una contribución común. Esta debe distribuirse equitativamente entre todos los ciudadanos, según sus facultades.
Artículo XIV – Cada ciudadano tiene el derecho, por sí mismo o a través de sus representantes, de determinar la necesidad de la contribución pública, consentirla libremente, vigilar su uso y fijar la cuota, la base, la recaudación y la duración.
Artículo XV – La comunidad tiene el derecho de exigir cuentas a cualquier funcionario público por su gestión.
Artículo XVI – Toda sociedad en la que no se garantice la protección de los derechos ni la separación de poderes carece de Constitución.
Artículo XVII – La propiedad es un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella, salvo que una necesidad pública, legalmente establecida, lo exija, y siempre con una indemnización justa y previa.
