Contexto histórico
Desde la caída del Imperio romano, el latín dejó de usarse como lengua hablada en Francia y fue reemplazado por diversas lenguas vernáculas: occitano, provenzal, bretón, entre otras. Solo la región de París empezaba a utilizar el francés, mientras que los demás dialectos eran considerados "patois". El latín permanecía, sin embargo, como lengua escrita en documentos legales, administrativos y religiosos.
A partir de Carlos VII, la monarquía inició reformas para que los textos jurídicos fueran comprensibles para la población. En 1454 se promulgó una orden que obligaba a redactar los actos judiciales en la lengua materna de Alsacia. Carlos VIII amplió esta medida a los actas notariales (ordenanza de Moulins) y Luis XII decretó que toda actuación de justicia debía redactarse en la lengua del pueblo. En 1535, Francisco I continuó la política, extendiendo la obligación al Languedoc, que hasta entonces estaba exento.
Procedimiento
Entre el 10 y el 15 de agosto de 1539, bajo el patrocinio de Francisco I, el canciller Guillaume Poyet redactó la "Ordonnance du Roy sur le fait de justice", conocida como la Ordenanza de Villers‑Cotterêts porque se firmó en el castillo del mismo nombre, propiedad del rey. También se le llama "ordenanza guilelmín" en referencia a su autor.
Con 192 artículos, la ordenanza mantenía la línea de las reformas anteriores, pero introducía una exigencia decisiva: todos los textos legislativos y administrativos debían redactarse "en lengua materna francesa y no en otra". Al alejar la justicia del latín, que seguía usándose en actos notariales y eclesiásticos, la medida secularizó el sistema judicial y distinguió claramente la jurisdicción eclesiástica de la laica. Además, obligó a los sacerdotes a registrar los nacimientos y a anotar el nombre del padre, estableciendo el primer registro civil.
Solo se conservan dos manuscritos originales de la ordenanza, escritos en pergamino, que fueron registrados por el Parlamento de París el 6 de septiembre de 1539.
Consecuencias
La ordenanza de Villers‑Cotterêts es fundamental porque hizo la administración y la justicia accesibles para todos, al imponer el francés como idioma oficial de la legislación y la burocracia. Esto fomentó la conciencia de una lengua nacional y, con el tiempo, de una identidad común. Años después, otras ordenanzas reforzaron el sistema de registro civil, como la de Blois (1579) que reguló los matrimonios y entierros, y la de Saint‑Germain (1667) que exigió la conservación de los registros en duplicado.
