Los ciudadanos de las sociedades occidentales contemporáneas participan tan poco en la vida política que se habla de una crisis del modelo liberal. Ante esta apatía, ¿podría la Atenas clásica ofrecernos alguna lección? En el ideal clásico la prioridad no era el individuo, sino el buen funcionamiento de la comunidad civil. Si cada ciudadano tenía una parte del Estado que le correspondía, surgiría una sociedad justa.
¿Qué debemos pensar de la relación entre ciudadano y gobierno? ¿Cuál es la utilidad real de las elecciones? ¿Cómo podemos fomentar mayor cohesión entre ciudadanos antiguos y nuevos sin vulnerar la libertad de nadie? Estas preguntas han alimentado un intenso debate en los últimos años. En el centro de la discusión está la ciudadanía: la manera en que quienes son legítimos miembros de la sociedad dan contenido a sus derechos. Un referente histórico es la ciudadanía de la antigua Grecia, en particular la de la polis democrática de Atenas (c. 500‑300 a.C.). ¿Qué pistas podemos extraer de ese modelo?
La práctica democrática moderna se basa en una concepción del ciudadano que combina racionalismo, autodeterminación y libertad individual. Desde la Revolución Francesa, esta ideología liberal ha guiado la organización política de los Estados-nación de Europa Occidental y Norteamérica. Entre sus pilares están la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) propuesta por Montesquieu, la laicidad del Estado y una serie de derechos fundamentales que los ciudadanos deben proteger, sobre todo frente al poder estatal.
Los ciudadanos tienen obligaciones como pagar impuestos y, en algunos casos, prestar servicio militar. El Estado, a su vez, debe garantizar protección contra la violencia y proveer educación. Además, ambas partes tienden a mantenerse lo más independientes posible; los ciudadanos delegan su poder político al elegir representantes y la ejecución de políticas recae en funcionarios profesionales.
Este esquema ya no satisface a gran parte de la población. El parlamento y la burocracia parecen demasiado alejados de la vida cotidiana y la excesiva libertad individual ha generado fragmentación social, aislamiento y desinterés por la comunidad. Por ello, muchos perciben una crisis del liberalismo en las democracias europeas. Sin embargo, los logros del liberalismo —igualdad ante la ley, libertad individual, separación entre iglesia y Estado— son innegables. ¿Deberíamos sacrificarlos para mitigar sus desventajas?
Aunque a veces se cuestiona la amplitud de los derechos fundamentales (¿puede el Estado prohibir la burka? ¿deberían censurarse expresiones consideradas ofensivas?), existe un amplio consenso en que los derechos civiles deben mantenerse. La cuestión es si la ciudadanía puede y debe recibir un contenido más sustancial, abarcando derechos y deberes colectivos que vayan más allá de la mera organización política. Es aquí donde la ciudadanía ateniense clásica brinda inspiración.
Ciudadanía ateniense
Las diferencias entre la democracia de Atenas y la nuestra son enormes, pero algunos rasgos resultan reveladores. En Atenas, el poder legislativo y de control estaba en manos de los propios ciudadanos. La Asamblea decidía leyes, y los dikasteria (tribunales populares) supervisaban a los funcionarios y a los políticos, quienes eran también ciudadanos seleccionados al azar por un año. Esta participación directa contrasta con la democracia representativa actual.
La definición de quién podía ejercer la ciudadanía era mucho más restrictiva. Un ciudadano (hombre o mujer) debía ser descendiente de dos padres atenienses; sin embargo, solo los varones podían participar en la vida política, una exclusión que perduró en Europa hasta el siglo XX. Los residentes libres no ciudadanos y los esclavos estaban excluidos.
Otro aspecto crucial, a menudo pasado por alto, es la ausencia de separación de poderes. Los mismos ciudadanos ejercían funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, encarnando el kratos del demos. Las consecuencias para la protección legal de, por ejemplo, un funcionario acusado de mala gestión, eran muy distintas a las actuales.
Si descartamos los elementos que chocan con nuestras nociones modernas de derecho y razón, la idea antigua de una ciudadanía activa ofrece un punto de partida interesante. La participación directa es, precisamente, lo esencial. El debate se sitúa tanto en el plano teórico (cuestiones éticas y jurídicas sobre derechos y obligaciones) como en el práctico (mecanismos reales de participación).
Aristóteles y la crisis liberal
En este contexto renace el interés por la obra política de Aristóteles (384‑322 a.C.). En su Política el filósofo analizó fortalezas y debilidades de los sistemas de su época, buscando la mejor estructura para la polis y la definición de ciudadano que la sustentara. A diferencia de Platón, que diseñó un modelo ideal basado en sus ideas filosóficas, Aristóteles partió de un análisis empírico del comportamiento humano, reconociendo la tendencia al interés propio, al deseo de reconocimiento y a la búsqueda de riqueza.
Para Aristóteles, un Estado solo es viable si sus ciudadanos consideran la estructura política como justa. La finalidad de la polis es permitir una vida buena; esa vida se alcanza cuando cada ciudadano tiene una parte del Estado que le corresponde. Así, el buen funcionamiento de la comunidad civil se vuelve esencial y el papel del individuo se define en relación con ella, contrastando con el liberalismo, que supone que el bienestar individual garantiza el bienestar social.
La ciudadanía, según Aristóteles, combina una dimensión pasiva y otra activa: gobernar y ser gobernado. A diferencia de la Atenas democrática que no exigía requisitos de calidad, Aristóteles creía que los ciudadanos debían ser educados para cumplir ese rol y poseer ciertas virtudes. Su ideal era una democracia compuesta por ciudadanos capaces, lo que imposibilita delegar la autoridad política a representantes externos. La verdadera libertad, para él, radica en la participación política.
No obstante, surgen tensiones. Aristóteles defendía la justicia política basada en la igualdad proporcional, ajustada a las cualidades de cada individuo o grupo, lo que choca con el principio moderno de igualdad absoluta ante la ley. Además, la voluntad directa del pueblo no siempre resulta sabia, como demuestran episodios históricos atenientes. Por eso, Aristóteles limitó el derecho a participar a ciudadanos con razón y propiedad.
En nuestras democracias representativas, la distancia entre políticos y ciudadanía es intencional, mientras que la propuesta aristotélica de vincular participación a la razón y la riqueza contradice nuestros principios de igualdad. Asimismo, la complejidad de la sociedad actual impide que todo se gestione por “amateurs” voluntarios, como ocurría en Atenas. Por tanto, los conceptos aristotélicos deben traducirse a propuestas compatibles con nuestro contexto, manteniendo la idea central de una ciudadanía activa.
Democracia y cohesión
Más allá de la teoría, la práctica ateniense muestra paralelismos útiles. Atenas estaba compuesta por numerosas demes (municipios) que tenían su propio consejo y demócrro (alcalde). Dentro y entre los demes proliferaban asociaciones religiosas y cívicas que organizaban cultos a dioses o héroes. Estas agrupaciones rotativas constituían una red social que sustentaba tanto la vida política como la cotidiana.
Ese entramado recuerda, en cierto modo, la “pilarización” de la sociedad neerlandesa, donde clubes y asociaciones marcaban la vida social. La diferencia radica en la integración: en Atenas, hombres (y en menor medida mujeres) participaban en sociedades de todo tipo, creando una superposición de pertenencias que favorecía la cohesión. Incluso los inmigrantes eran admitidos en ciertos cultos, otorgándoles un lugar reconocido dentro de la polis.
Investigaciones históricas comparativas indican que una cultura comunitaria fuerte está estrechamente vinculada al grado de democratización. La cohesión generada por la participación religiosa ayudó a la democracia ateniense a sobrevivir a golpes oligárquicos, guerras devastadoras, la pérdida del imperio y fracasos diplomáticos.
Obviamente, el modelo religioso politeísta de Atenas no es trasladable a la actualidad, donde predominan religiones monoteístas y la laicidad. No buscamos la cohesión a través de la uniformidad religiosa o moral; la diversidad de opiniones, la libertad de culto y expresión, y la separación iglesia‑Estado son valores liberales que deben preservarse. Lo que sí puede inspirarnos es la idea clásica de participación activa, sobre todo a escala local, para renovar nuestra comprensión de la ciudadanía. Vale la pena intentarlo.
