El bienio conservador se extendió de noviembre de 1933 a febrero de 1936. En las elecciones generales de noviembre de 1933, primeras en las que las mujeres pudieron votar gracias a la Constitución de 1931, la CEDA obtuvo la mayoría, pero no alcanzó la cifra suficiente para gobernar en solitario. Por ello, el presidente de la República, Alcalá‑Zamora, no nombró a Gil Robles como presidente del Gobierno, temiendo sus intenciones. En su lugar designó a Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, que aceptó formar Gobierno con el apoyo de la CEDA.
Para los radicales, la alianza con la CEDA pretendía atraer a la derecha católica al proyecto republicano; para Gil Robles, la medida servía para influir en el Gobierno sin ocupar cargos y esperar su turno. Esta coalición permitió revertir numerosas reformas del bienio reformista: el clero volvió a percibir salarios del Estado, los colegios religiosos no cerraron y se indultaron a los conspiradores del golpe de 1932. Sin embargo, la colaboración dificultó la reforma del sistema político y supuso un duro revés para el PSOE, que quedó relegado electoralmente. Ante el temor de que el autoritarismo suprimiera la democracia, como en Italia o Alemania, la facción más izquierdista liderada por Largo Caballero radicalizó su discurso revolucionario.
Revolución de octubre de 1934
En octubre de 1934, la incorporación de tres ministros de la CEDA provocó una insurrección liderada por el PSOE y la UGT, con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya y del Partido Comunista. Los recuerdos de la toma del poder por Hitler en Alemania y de la represión anticomunista de Dollfuss en Austria alimentaron la rebelión. La CNT, salvo en Asturias, permaneció al margen.
El anuncio de un Gobierno con participación de la CEDA desencadenó una huelga general de distinta intensidad en todo el país, que fue sofocada rápidamente. En Cataluña, el presidente Lluís Companys proclamó el Estado Catalán durante unas horas antes de rendirse. La revuelta fracasó en Madrid, Cataluña y el País Vasco, pero se extendió a Asturias, donde los revolucionarios controlaron toda la provincia, incluida Oviedo. La represión militar, a cargo de tropas africanas bajo el mando del general Franco, puso fin al levantamiento, dejando más de mil muertos, entre fusilamientos de religiosos y de revolucionarios.
Crisis del bienio conservador
La presencia de la CEDA en el Ejecutivo no provocó la esperada regresión, pero dejó clara su escasa afinidad con el proyecto republicano. Tras la revolución asturiana, el Gobierno careció de una agenda clara más allá de la represión y de los intentos de incriminar a Azaña. En el Parlamento la inactividad legislativa era evidente.
Gil Robles, nombrado ministro de Guerra en mayo de 1935, colocó a varios generales descontentos con el régimen (Mola, Franco, Fanjul) en puestos clave del Ejército. Ese mismo año, el Partido Radical se vio envuelto en escándalos de corrupción, como la concesión de una licencia para la ruleta «straperlo» (término que dio origen al español «estraperlo», sinónimo de mercado negro) y el caso Nombela de contratos de suministro al Ejército.
Alcalá‑Zamora se opuso a entregar el Gobierno a Gil Robles y, en diciembre, intentó una solución personal nombrando a Manuel Pórtela Valladares. La presión de los grupos parlamentarios condujo a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones en febrero de 1936.
Elecciones de 1936
Derecha e izquierda formaron frentes comunes para agrupar el voto. La CEDA, temerosa de no alcanzar la mayoría absoluta, organizó el Frente Nacional, mientras que los republicanos de Azaña, los socialistas y los comunistas se unieron bajo el Frente Popular.
La campaña transcurrió en un clima hostil. En términos de porcentaje de votos, los resultados fueron muy ajustados: el Frente Popular obtuvo el 34,3 % (más de 250 escaños) y el Frente Nacional el 33,2 % (aproximadamente 125 diputados). La victoria del Frente Popular supuso la inmediata liberación de los presos de la revolución de octubre. Tras las elecciones, Azaña formó un Gobierno exclusivamente republicano, sin participación socialista.
Conflictos del nuevo Gobierno
En abril de 1936, Alcalá‑Zamora fue destituido como presidente de la República (por haber disuelto las Cortes dos veces, lo que la Constitución prohibía) y Azaña fue elegido con la abstención de la derecha. Entre la victoria del Frente Popular y el estallido de la guerra, los conflictos de orden público fueron constantes: los grupos revolucionarios iniciaron huelgas, ocupaciones de tierras y ataques a edificios religiosos; por su parte, los falangistas provocaron disturbios y agresiones contra militantes de otros partidos y fuerzas de seguridad.
En marzo de 1936, el ataque falangista contra el intelectual socialista Jiménez de Asúa, autor de la Constitución de 1931, que provocó la muerte de su escolta, llevó a la prohibición de la Falange y al arresto de su junta política, incluido José Antonio.
Conspiración y golpe
La polarización se intensificó en la primavera de 1936, cuando un sector del Ejército ya avanzaba en la conspiración para un golpe de Estado. El general Mola, destinado desde marzo al gobierno militar de Pamplona, donde el Gobierno del Frente Popular lo había enviado por desconfianza, inició contactos y redactó instrucciones para una acción que contaba con el apoyo de sectores civiles y que pretendía derrocar al Gobierno.
Aunque inicialmente era una maniobra militar, los conspiradores establecieron comunicaciones con el carlismo, la Falange, la CEDA, Acción Española y otros grupos. En verano la sublevación estaba prácticamente lista. Los enfrentamientos callejeros entre izquierdas y falangistas se intensificaron. El 12 de julio, el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, simpatizante socialista, fue asesinado en un atentado terrorista; en represalia, horas después, el líder del monárquico José Calvo Sotelo fue asesinado. Los funerales de ambos provocaron nuevos enfrentamientos en el centro de Madrid.
El Gobierno, ajeno a la conspiración de Mola, intentó restablecer el orden público, pero no tuvo tiempo suficiente: el golpe de Estado preparado en los meses anteriores por una parte importante del Ejército se desencadenó poco después.
