Recientemente se ha desatado una polémica entre historiadores y la restricción de acceso a ciertos documentos de archivo clasificados como "secreto" o "confidencial". Un grupo de archiveros, historiadores y asociaciones ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado para que se flexibilice el decreto interministerial de 2011 que limita el acceso a documentos de más de cincuenta años.
Ejemplo de un documento clasificado como "secreto" que luego fue desclasificado y que se conserva en los Archivos Nacionales.
Contexto de la polémica
El recurso se basa en la Ley de 2008, que establece que, transcurridos los plazos de confidencialidad, los documentos deben ser accesibles. Los investigadores denuncian que la aplicación estricta de la Instrucción Interministerial 1300, publicada en 2011, ha vuelto a cerrar el acceso a documentos que ya estaban disponibles para la comunidad académica.
¿Por qué surge ahora?
La Secretaría General del Gobierno recordó, de forma repentina, la "obligación de aplicar estrictamente los textos relativos al secreto", lo que provocó que historiadores no pudieran consultar documentos que antes estaban al alcance.
Historia legislativa
La Ley de Archivos de 1979 racionalizó el acceso a los archivos públicos y fomentó la investigación en historia contemporánea. Introdujo un procedimiento derogatorio que permite a los historiadores solicitar acceso anticipado a documentos aún no de dominio público.
La Ley de 2008 redujo significativamente los plazos de acceso, facilitando la investigación sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Argelia, entre otros.
Instrucción IGI 1300 y su aplicación
Hasta 2011, la duración de la confidencialidad era de 25 o 50 años, sin necesidad de una desclasificación formal. La IGI 1300 estableció un procedimiento de desclasificación formal que requiere que la autoridad emisora (por ejemplo, el Ministerio del Interior o de Defensa) coloque un sello específico.
En 2015, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) recordó la necesidad de aplicar este procedimiento, lo que obligó a retirar de la consulta libre miles de documentos que aún no habían sido desclasificados oficialmente.
Clasificaciones de documentos
Existen varios niveles de clasificación:
- Confidencial: información menos sensible.
- Secreto, Secreto de Defensa, Alto Secreto de Defensa, etc.
Desde 2020, un nuevo decreto simplifica las categorías a dos niveles: "secreto de defensa" y "muy secreto de defensa".
Riesgos de consultar documentos sin autorización
Acceder a un documento clasificado sin la autorización correspondiente se considera una "compromiso de secreto" y es un delito castigado con pena de prisión según el Código Penal.
Notas de inteligencia clasificadas como "secreto" emitidas por el Servicio de Seguridad Exterior en enero y marzo de 1961. © Archivos Nacionales
Sobre los Archivos Nacionales
Creados por decreto de la Asamblea Constituyente en 1790, los Archivos Nacionales conservan los documentos de los órganos centrales del Estado francés (excepto los del Ministerio de Defensa, Finanzas y Relaciones Exteriores). La sede principal está en Pierrefitte‑sur‑Seine; existen fondos en París y Fontainebleau que documentan la historia de Francia desde el siglo VII.
Plazos legales de acceso a los archivos públicos
El Código del Patrimonio (artículos L‑213‑1 a L‑213‑8) establece los plazos de libre comunicación:
- 25 años para documentos que comprometan la confidencialidad de deliberaciones gubernamentales.
- 50 años para documentos cuya divulgación afecte la defensa nacional, la seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de datos personales.
- 75 años para documentos judiciales (100 años si involucran a menores).
- Sin límite de tiempo para documentos cuya divulgación pueda facilitar la fabricación o uso de armas nucleares, biológicas, químicas o similares.
Protección del secreto
El secreto abarca ámbitos políticos, militares, diplomáticos, científicos, económicos e industriales. La autoridad nacional responsable es la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN).
Los documentos considerados "muy sensibles", como los relativos a la política nuclear o de disuasión, no se conservan en los Archivos Nacionales.
