Cuando Surinam eligió a Desi Bouterse como presidente en 2010, aún existía un proceso penal contra él por los asesinatos de diciembre de 1982, cuando ejecutó a quince opositores. En aquel momento los Países Bajos alegaron que ese hecho justificaba la suspensión de la relación de desarrollo con Surinam. ¿Fueron realmente los derechos humanos el motivo principal?
Antecedentes
Tras la independencia de Surinam en 1975, se había pactado un Plan de Desarrollo Multianual (MOP) que, en quince años, permitiría al país ser económicamente autosuficiente. Los Países Bajos reservaron 3.5 mil millones de florines para ese fin, según el "Tratado de Cooperación al Desarrollo entre los Países Bajos y Surinam". Sin embargo, pronto surgieron discrepancias sobre la interpretación de las obligaciones.
Reclamaciones de compensación
En febrero de 1978, el embajador holandés en Paramaribo, H. Leopold, informó al Ministerio de Asuntos Exteriores que la ayuda se estaba quedando estancada porque políticos y funcionarios surinameses consideraban los 3.5 mil millones como "un pago único por el sufrimiento y el enriquecimiento económico unilateral que acompañó la relación colonial".
Leopold sostenía que Surinam veía el tratado como un acuerdo unilateral, donde sólo Holanda tenía obligaciones. Por ello, pidió una revisión radical del vínculo, advirtiendo que, de lo contrario, el MOP quedaría relegado a un archivo de planes nunca ejecutados.
Aunque esas observaciones llegaron al entonces ministro de Cooperación al Desarrollo, Jan de Koning, no se tomaron medidas inmediatas. Los intentos de los diplomáticos holandeses de obligar a Surinam a cumplir el tratado fueron recibidos con resistencia y acusaciones de neocolonialismo.
Comportamiento neocolonial
Siguiendo la iniciativa del ministro de Educación Arie Pais, el Consejo de Ministros evaluó la viabilidad legal de suspender la ayuda. El asesor jurídico W. Riphagen concluyó que, bajo el derecho internacional, la terminación unilateral no estaba permitida, salvo que existieran violaciones sistemáticas de derechos humanos, algo que, según él, aún no se había demostrado en Surinam.
Sin embargo, el 8 de diciembre de 1982, Bouterse ordenó la ejecución de quince opositores bajo el pretexto de un intento de golpe. Con el apoyo del Consejo de Ministros, la ministra de Cooperación al Desarrollo, Eegje Schoo, suspendió la ayuda de forma inmediata, argumentando graves violaciones de derechos humanos. La autoridad militar surinamesa reaccionó acusando a La Haya de usar la suspensión como presión para imponer sus ideas.
Motivaciones reales
Si bien la denuncia de violaciones de derechos humanos era cierta, jugó un papel secundario. El gobierno holandés necesitaba un catalizador para renegociar el tratado, que consideraba ineficaz y que fomentaba una dependencia económica indeseable.
En una entrevista, Eegje Schoo admitió que ya contemplaba la posibilidad de reformular el tratado porque "el proyecto estaba totalmente gestionado por el Ministerio de Cultura, Recreación y Trabajo Social, y había generado una relación poco saludable entre ambos países".
Desde el punto de vista legal, la suspensión resultó incoherente: otras naciones en desarrollo, como Indonesia, también sufrían violaciones de derechos humanos sin que Holanda tomara medidas. El director de la Dirección de Ayuda al Desarrollo de Asia, M. Damme, señaló que "quince muertos en Surinam fueron suficientes para suspender la ayuda, pero las violaciones en Indonesia no lo fueron".
Posición incómoda y cambio de rumbo
Tras la salida de Bouterse en 1987, el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a contemplar la reanudación de la ayuda, pero ya estaba decidido a terminar el vínculo. Un memorándum titulado "El desarrollo con Surinam. Una nueva perspectiva" recomendaba terminar el acuerdo y establecer una relación bilateral basada en sectores como agricultura, industria ligera, salud y educación, canalizando la ayuda a través de organismos multilaterales.
Surinam, representado por el primer ministro Henck Arron y el ministro de Finanzas S.C. Mungra, aceptó reactivar el tratado de 1975 mediante una declaración conjunta. Se instauraron reuniones semestrales, criterios claros de evaluación y la transferencia directa de fondos a los proveedores.
Re-suspensiones y tensiones continuas
La ayuda se suspendió nuevamente en diciembre de 1990 tras otro golpe militar. En 1997 se restableció con el "Acuerdo de Bonaire", que delegó la ejecución de la política a diplomáticos de ambos países. No obstante, la emisión en 1997 de una orden de captura internacional contra Bouterse por narcotráfico provocó que Surinam negara la entrada del ministro Jan Pronk, congelando de nuevo la cooperación.
En 2000 la ayuda se reanudó con un compromiso de 350 millones de florines, dejando a Surinam decidir los sectores beneficiados. Sin embargo, el informe crítico de 2004, "Una relación cargada: 25 años de cooperación al desarrollo holandés‑surinamesa", concluyó que la ayuda había sido insuficiente y que la herencia colonial dificultaba acuerdos claros y eficientes.
Finalmente, la ministra Agnes van Ardenne anunció la finalización de la relación de desarrollo especial con Surinam, poniendo fin a una relación marcada por desconfianzas y constantes suspensiones.
Conclusión
El tratado de 1975 generó irritación y malentendidos desde su inicio, convirtiendo la cooperación en una relación extremadamente difícil. Surinam acusó a Holanda de neocolonialismo, mientras los Países Bajos reclamaron incumplimientos y malos usos de los fondos. Aprovechando crisis como los asesinatos de diciembre, Holanda logró modificar el marco de cooperación, aunque siempre bajo una posición legalmente débil.
