En el caso histórico de Munn contra Illinois (1877), la Corte Suprema dictaminó que las empresas afectadas por un interés público (como los elevadores de granos y los ferrocarriles) podían estar sujetas a la regulación gubernamental. Esto significó que los estados podrían imponer controles de precios y otras regulaciones a estas industrias para proteger a los consumidores de precios excesivos o prácticas desleales. La decisión sentó el precedente para la regulación gubernamental de ciertas industrias consideradas esenciales para el bien público.