Marco constitucional de 1812
Según el artículo 14 de la Constitución española de 1978, “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Sin embargo, esa igualdad no siempre existió. Durante los dos años en que estuvo vigente la Constitución de 1812, aprobada en Cádiz el 19 de marzo, los españoles de origen africano y los desempleados no disfrutaban de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
Definición de la nación española
En la Carta de 1812 se establecía que «La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios» (península e islas adyacentes y territorios ultramarinos). El artículo 5 definía quiénes eran españoles:
1. Todos los hombres libres nacidos y residentes en los dominios de España, y sus hijos.
2. Los extranjeros que hubieran obtenido certificado de naturalización de las Cortes.
3. Los que hubieran residido diez años sin ella, conforme a la ley, en cualquier localidad del Reino.
4. Los libertos que hubieran adquirido la libertad en España.
Así, la definición incluía a indígenas, mestizos, castas pardas (personas con cualquier línea de ascendencia africana) y libertos; sólo los esclavos quedaban excluidos.
Representación parlamentaria
La legislación electoral para elegir a los diputados de las Cortes Ordinarias en 1813 se basó en la propia Constitución de 1812 y en el Decreto de las Cortes del 23 de mayo de 1812. Ambas normativas establecían una división administrativa de la Península y de los territorios ultramarinos en 47 circunscripciones o provincias, con una representación de un diputado por cada 70.000 habitantes. Los artículos 27 y 28 precisaban:
Las Cortes son la reunión de todos los diputados que la Nación representa, nombrados por los ciudadanos y cuya representación será la misma en ambos hemisferios.
Aunque se pretendía equiparar la representación de los territorios ultramarinos (América y Filipinas) con la de la metrópoli (Península e islas), la población estimada de ultramar era de 18 millones frente a 10,5 millones en la península, lo que dificultaba una proporcionalidad real.
Distinción entre derechos civiles y políticos
Para equilibrar la balanza, el artículo 22 introdujo un “elemento corrector” que ajustaba la población y, por ende, el número de diputados, diferenciando entre españoles (con plenos derechos civiles) y ciudadanos (con plenos derechos políticos, incluido el voto).
A los españoles que por cualquier línea se conozcan y reputen de origen africano [castas pardas], la puerta de la virtud y el mérito para ser ciudadanos permanece abierta: las Cortes concederán la carta de ciudadanía a quienes presten servicios calificados a la Patria, o a quienes se distingan por su talento, aplicación y conducta, siempre que sean hijos de matrimonio legítimo de padres libres, casados con mujer libre, residan en los dominios de España y ejerzan alguna profesión, comercio o industria útil con su propio capital.
En la práctica, esos españoles debían “ganarse” el derecho al voto.
Exclusión de los desempleados
El artículo 25 señalaba casos en los que la ciudadanía podía ser suspendida y, con ella, el derecho al sufragio:
…a aquellos que no tengan empleo, oficio o modo de vida conocido.
Tras estos ajustes y otras disposiciones del capítulo IV, la población considerada “ultramarina” se redujo a poco más de 13 millones, igualando así el número de diputados entre ambos hemisferios.
