En entradas anteriores ya hemos analizado la desaparición del imperio ultramarino español (ver). Ahora nos centramos en las consecuencias de esa pérdida para la sociedad española. La derrota colonial provocó un gran shock, se describió como un "desastre nacional" y esa visión pesimista perduró hasta hace poco. La historiografía más reciente matiza esa interpretación, ofreciendo lecturas menos catastrofistas y más equilibradas.
Los problemas coloniales, sobre todo en Cuba, se arrastraban desde la Revolución Democrática (1868‑1874). Sin embargo, fue en la última década del siglo XIX cuando los movimientos independentistas cubanos y filipinos ganaron fuerza, impulsados por una competencia imperialista creciente y el expansionismo de EE. UU., además de los errores de la política colonial española.
El contexto político
La Guerra de los Diez Años (1868‑1878) ya había demostrado que la dominación española en Cuba no podía continuar indefinidamente. Desde 1893 la política colonial mostraba su incapacidad para enfrentar los problemas estructurales del modelo de dominio. Los intentos reformistas y descentralizadores en Cuba y Filipinas llegaron demasiado tarde y ni siquiera fueron aprobados por las Cortes.
Puerto Rico presentaba menos dificultades: la autonomía se aprobó en 1872, la esclavitud se abolió en 1873 y la economía mostraba cierto crecimiento. Además, la dominación española se ejercía a través de una élite económica que controlaba los movimientos emancipadores populares.
En Cuba, la situación era más compleja. La esclavitud se abolió recién en 1886, frente a la oposición de algunos grupos económicos. Las reformas administrativas propuestas por Antonio Maura fueron rechazadas en las Cortes como "anti‑patrióticas", provocando la crisis del gobierno liberal y la dimisión de Maura. Los sectores "españoles" de la isla lograron frenar los intentos de conceder autonomía, lo que favoreció el auge del movimiento independentista, encabezado por el Partido Revolucionario Cubano fundado por José Martí en 1892.
Los actores políticos cubanos se dividieron en tres corrientes bien definidas:
- Los partidarios de una unión colonial‑tipo con la península.
- Los autonomistas, que defendían la "españolidad" de la isla pero reconocían su identidad propia y pedían una administración vinculada a Madrid con concesiones como el derecho a la autodeterminación. Su principal representante fue el Partido Liberal Autonomista, liderado por Rafael Montoro y Rafael María de Labra.
- Los independentistas, representados por el Partido Revolucionario Cubano de José Martí.
En Filipinas la situación era distinta por la escasa presencia española y la gran distancia geográfica. No obstante, la ausencia de reformas también generó un movimiento emancipador liderado por mestizos: la Liga Filipina (1893), fundada por José Rizal, que se radicalizó tras las erróneas decisiones del gobernador. Las reformas de Maura también llegaron demasiado tarde.
El conflicto que culminó con la pérdida de las últimas colonias españolas se estructuró en dos fases. La primera, iniciada en 1895, consistió en la insurrección nacionalista cubana que derivó en la última guerra entre el ejército español y los insurgentes, y se prolongó hasta 1898. La segunda fase, también de 1898, se desencadenó con la intervención estadounidense y la consiguiente guerra hispano‑americana.
Causas del conflicto con Estados Unidos
Las motivaciones estadounidenses para intervenir fueron variadas:
- La tradición de la Doctrina Monroe, que reclamaba la influencia de EE. UU. en el Caribe y América, y los intentos previos de comprar Cuba a España.
- El apoyo constante a los insurgentes cubanos desde 1896. Las reformas de Sagasta (1897) no fueron suficientes para el presidente republicano William McKinley, que prefería la compra o anexión.
- El 15 de febrero de 1898, la explosión del acorazado Maine anclado en el puerto de La Habana, que causó 266 muertos y sirvió como pretexto para la declaración de guerra el 25 de abril de 1898.
Como señala Javier Tusell, de los numerosos conflictos internacionales a finales del siglo XIX, solo el que enfrentó a España con EE. UU. derivó en una guerra; en los demás, la potencia más fuerte se retiró.
Hoy se acepta que la explosión del Maine fue accidental, pero la comisión estadounidense culpó a una mina externa, mientras la comisión española la atribuyó a un accidente. Esa versión estadounidense influyó en la opinión pública y facilitó la decisión de McKinley de declarar la guerra el 25 de abril.
El incidente del Maine fue solo el casus belli. Las verdaderas causas fueron económicas y políticas: las compañías azucareras cubanas habían establecido fuertes lazos comerciales con EE. UU., los revolucionarios cubanos recibían apoyo material estadounidense y la política protectista española perjudicaba los intereses de la isla. Además, la negativa española a aceptar la mediación estadounidense mostraba una intransigencia que dañó su imagen internacional.
En los meses previos al conflicto se desarrolló en EE. UU. una campaña periodística anti‑española, precursora del periodismo sensacionalista del siglo XX, impulsada por magnates como J. Pulitzer y W. R. Hearst. Esa campaña se mantuvo hasta el final de la guerra.
Los gobiernos españoles percibieron la gravedad del problema, pero no hallaron una solución alternativa al conflicto. En febrero de 1898 EE. UU. ofreció 300 millones de dólares a España por la cesión de Cuba; ninguna de las partes aceptó. La oposición política y popular al abandono de la isla era muy fuerte. Las élites españolas preferían una derrota militar, que habían anticipado, antes que una cesión que pudiera desestabilizar la monarquía y el régimen de la Restauración. Ninguna potencia europea quiso apoyar a España frente a la emergente potencia imperialista estadounidense.
En la península, la oposición a la guerra era minoritaria: sólo republicanos y socialistas la criticaban. El patriotismo se difundió por todo el país, respaldado por la prensa y los pulpitos.
La guerra
Contrario a lo esperado, la contienda comenzó en el Pacífico, cuando buques estadounidenses atacaron a la flota española en la bahía de Cavite, destruyendo la escuadra española del Pacífico. Esa acción reveló la estrategia de McKinley de controlar el océano Pacífico, donde ya poseía Midway, Wake y Guam. En el Caribe la guerra fue esencialmente naval; la superioridad estadounidense en este ámbito fue decisiva. La derrota de Santiago de Cuba dejó a la isla sin defensa naval. La diferencia de tonelaje entre ambas flotas era enorme: la marina española representaba apenas la mitad del total de EE. UU., con buques más viejos y menos blindados.
El conflicto concluyó con el Tratado de París (10 de diciembre de 1898), mediante el cual España reconoció la independencia de Cuba y cedió Puerto Rico, Filipinas y Guam a EE. UU. a cambio de 20 millones de dólares. En febrero de 1899 España vendió las Islas Carolinas, las Marianas (menos Guam) y Palaos a Alemania por 25 millones de dólares, liquidando así su imperio ultramarino.
Aunque la derrota fue militar, el esfuerzo recayó sobre las clases populares, que aportaron la mayor parte de los 250 000 soldados movilizados. Las bajas fueron unas 60 000, mayormente por malaria y fiebre amarilla.
Consecuencias del desastre
El fracaso reconfiguró la posición internacional de España. Al abandonar los intereses en América y el Pacífico, el país centró su política exterior en Europa, alineándose con Francia y Gran Bretaña en la política imperialista de África del Norte y el Mediterráneo occidental. España tomó conciencia de su nuevo papel como potencia secundaria y buscó consolidar y ampliar sus posesiones africanas:
- El Protectorado español en Marruecos (Rif), creado en 1913.
- El territorio de Ifni, reconocido por Marruecos como español desde 1860, aunque sin ocupación efectiva hasta 1934.
- El Sahara español, formado a partir del Río de Oro (1885) y ampliado sucesivamente.
- Guinea española, cuya colonización comenzó en 1885 tras la Conferencia de Berlín.
Regeneracionismo. El entusiasmo bélico dio paso rápidamente a un pesimismo generalizado, provocado por la conciencia de la debilidad imperial española. No obstante, el objetivo fundamental —mantener el régimen monárquico y evitar peligros revolucionarios como los del Sexenio o la Comuna de París— se logró. Desde esa perspectiva, el régimen resultó eficaz al asumir las consecuencias del desastre y evitar una guerra prolongada que hubiera agravado la crisis económica y política.
La única novedad política derivada de la derrota fue la reflexión sobre la cuestión nacional. Por un lado, surgió la necesidad de una nueva nacionalización apoyada por intelectuales y políticos; por otro, aparecieron regionalismos periféricos.
Con el fin de renovar la nación y su sistema, emergió un movimiento intelectual (Ricardo Macías Picabea, Luis Morote, Rafael Altamira, Joaquín Costa, etc.) y, más tarde, uno político, cuyo objetivo era la modernización mediante propuestas denominadas regeneracionismo. Este examen de conciencia, encabezado por políticos como Antonio Maura, Francisco Silvela y José Canalejas, se centró en la dignidad política, la modernización social y la superación del atraso cultural y científico.
En marzo de 1899 se formó un gobierno encabezado por Francisco Silvela y el general Polavieja como ministro de Guerra. Ambos pretendían regenerar el país sin modificar el sistema de la Restauración (monarquía, partidos y ejército). Se aprobaron reformas en Hacienda, el Ejército y la organización territorial, pero el gobierno regeneracionista cayó en diciembre de 1900, evidenciando la incapacidad del sistema para evolucionar. Los gobiernos posteriores intentaron medidas similares, pero fueron insuficientes para evitar la erosión lenta del régimen, que culminó con la dictadura de Primo de Rivera (1923‑1930) y, finalmente, con la Segunda República (1931).
Beneficios económicos del desastre. En el plano económico, el impacto no fue tan negativo. Sólo la industria textil catalana sufrió la pérdida de mercados coloniales. Sin embargo, la repatriación de capitales españoles revitalizó regiones y sectores. Se estima que unos dos mil millones de pesetas fueron repatriados, la misma cantidad que había costado la guerra. Con ese dinero se fundaron bancos como el Banco Hispano‑Americano, el Banco de Vizcaya y el Banco Español de Crédito, que invirtieron en minas, industria metalúrgica del Cantábrico, química y electricidad. Esa inyección facilitó un crecimiento económico constante, vinculado a la segunda revolución industrial y favorecido por políticas proteccionistas.
Bibliografía
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