La transición española, entendida como el periodo comprendido entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la victoria electoral del PSOE el 28 de octubre de 1982, se caracterizó por la transición de un régimen político dictatorial a uno democrático. Este rumbo se canalizó a través de pactos y negociaciones entre las fuerzas franquistas y las fuerzas democráticas. Toda negociación es producto de una relación de fuerzas:el régimen de Franco contaba con todo el apoyo institucional y una parte de la población, sociológicamente alineada con el régimen; la oposición tenía legitimidad democrática, apoyo internacional y una base muy activa, aunque pequeña. La continuidad del franquismo era imposible y la implantación de una democracia sin contar, al menos, con el sector aperturista del régimen tampoco era factible. De ahí la necesidad de una convergencia entre los sectores franquistas antes mencionados y las principales fuerzas de la oposición. Algunos basaron su fuerza en el control de las instituciones del Estado, otros en importantes movilizaciones populares.
Se ha querido presentar este proceso como un modelo en cuanto a la transformación de un régimen dictatorial en uno democrático. Se tiende a poner énfasis en la capacidad de negociación de esos líderes políticos, pero la Transición estuvo lejos de ser un proceso ejemplar y pacífico. El grado de violencia política que produjo fue muy superior al ocurrido en Portugal con la Revolución de los Claveles –25 de abril de 1974– y el posterior proceso revolucionario, donde no hubo víctimas mortales; y también fue muy superior a la que se produjo durante la caída de la Dictadura de los Coroneles griegos el 24 de junio de 1974, donde hubo menos de una docena de víctimas mortales y todas ellas en hechos ocurridos posteriormente.
El proceso de transición democrática ha sido cuestionado recientemente, culpándolo de algunos de los problemas actuales de la democracia española. Esta acusación no tiene mucho sentido histórico; Exigir mayor contundencia a las fuerzas democráticas de entonces en los procesos de negociación que se llevaron a cabo es malinterpretar esa situación histórica. Aunque muy debilitados y con escaso o nulo apoyo internacional, los sectores franquistas recalcitrantes a cualquier cambio continuaron controlando, en gran medida, algunas fuentes de poder nada desdeñables:el poder judicial, las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, etc., que en ocasiones actuó con total autonomía del gobierno. . También tenían otro elemento que permeaba a muchos sectores sociales españoles:el miedo, el miedo a la represión por parte del régimen, el miedo incluso a un golpe militar –Tejero y otros en 1981–, y el miedo a una nueva guerra civil. Ese miedo impidió que las movilizaciones populares alcanzaran la fuerza suficiente para provocar la caída del franquismo. La incertidumbre sobre lo que podría pasar también favoreció opciones moderadas.
Las dificultades de esa situación histórica se muestran en la violencia extrema que caracterizó el período. Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez Cuenca registraron 665 muertes como consecuencia de la violencia política entre 1975 y 1981. El desglose de la cifra muestra el origen de estas muertes:
- Acción represiva del Estado:162 muertos, 24%.
- Acciones de grupos terroristas nacionalistas:361 muertes, 54%.
- Acciones de grupos terroristas de extrema izquierda:67 muertes, 11%.
- Acciones de grupos terroristas de extrema derecha:57 muertes, 10%.
Hubo, por tanto, en la Transición una confluencia de fuerzas que optaron por la práctica de la violencia política, del terrorismo en definitiva. La represión policial, dirigida por comandantes procedentes del franquismo, estuvo orientada contra la izquierda, y es cierto que agravó los conflictos pero no fue un motor de la violencia terrorista. Los grupos que lo practicaban tenían objetivos propios, independientes de la acción policial:independencia de algún territorio, reacción a las acciones de ETA o intimidación de la izquierda -en el caso de la extrema derecha-, golpes contra las clases dominantes (empresarios, militares,…) por la extrema izquierda. Sus acciones, independientemente de su casuística, contribuyeron a la inestabilidad social y política y alentaron a las fuerzas moderadas del régimen de Franco y a la oposición a converger para estabilizar el sistema político.
Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta violencia terrorista fue la llamada masacre de Atocha. El 24 de enero de 1977, tres pistoleros de extrema derecha entraron en un despacho de derecho laboral situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Los miembros de esa oficina estaban vinculados al sindicato CC.OO. y con el PCE, todavía ilegal. El resultado del asalto fue cinco personas muertas –Enrique Valdevira, Luis J. Benavides, Francisco J. Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez– y cuatro heridos. Fue una provocación en toda regla a la izquierda comunista para inducir una reacción que hiciera difícil o imposible su legalización e inclusión en el nuevo sistema democrático.
El contexto de esta terrible acción es parte de la reacción de la extrema derecha ante la liberación de Santiago Carrillo. Se encontraba en España ilegalmente desde febrero de 1976 y había sido detenido en diciembre de ese año y puesto en libertad poco después. Días antes del atentado se habían producido dos muertes de personas vinculadas a la izquierda -una asesinada por Triple A y otra alcanzada por una lata de humo en una manifestación-, también había sido asaltada una oficina de la UGT en Madrid, que se encontró vacía en ese momento.
La respuesta del PCE y de la izquierda en general estuvo lejos de lo esperado por las fuerzas reaccionarias. El entierro de las víctimas de Atocha se convirtió en una multitudinaria manifestación que transcurrió sin incidentes; La solidaridad con las víctimas se extendió por todo el país a través de huelgas y otros actos. El Partido Comunista mostró su moderación y esto sin duda favoreció su legalización durante la Semana Santa de ese año –9 de abril de 1977–.
Esta vez el gobierno no iba a permanecer impasible ante la matanza. La prioridad para la policía era la captura de los asesinos; esto era esencial para dar credibilidad al proceso de democratización que se estaba llevando a cabo. No habían huido, confiando en sus contactos políticos y policiales. La Policía Armada los detuvo a los pocos días, revelando que todos estaban relacionados con Falange Española o Fuerza Nueva. Otras investigaciones también sacaron a la luz la probable participación de la llamada red Gladio, una organización italiana de extrema derecha.
La masacre de Atocha marcó uno de los hitos de la violencia política durante la Transición. Fue un ejemplo de cómo los sectores más reaccionarios del régimen franquista, aún poderosos, intentaron impedir, por todos los medios, cualquier proceso que condujera al establecimiento de una democracia política. Ya hemos visto que no fueron los únicos y que otras fuerzas nacionalistas o de extrema izquierda también participaron en dificultar este proyecto. Por todo ello, fue un proceso complicado que finalmente dio paso a un sistema democrático, imperfecto sin duda, pero resultado de la relación de fuerzas políticas y sociales que existía en ese momento.
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