En 1967, la Ley Neuwirth legalizó la anticoncepción, aunque su acceso seguía siendo difícil.
El 27 de mayo de 1974, Valéry Giscard d'Estaing fue elegido Presidente de la República y, desde el inicio de su mandato, buscó impulsar reformas sociales.
En aquel entonces, el aborto estaba prohibido en Francia; las mujeres que interrumpían su embarazo podían ser procesadas penalmente, incluso con penas de prisión.
Durante los años setenta, los movimientos feministas reclamaron la legalización del aborto, argumentando el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y denunciando los peligros de los abortos clandestinos.
En 1971 surgió el “Manifiesto de las 343”, una petición firmada por mujeres que pedían la descriminalización del aborto; el texto fue redactado por Simone de Beauvoir. En 1973, 331 médicos firmaron el “Manifiesto de los 331”, confesando haber practicado abortos ilegales debido a la legislación vigente. En 1972, el juicio de Bobigny, en el que una adolescente de 16 años fue acusada de abortar tras una violación, se convirtió en un caso político emblemático.
Procedimiento
El presidente Valéry Giscard d'Estaing encargó a la ministra de Salud, Simone Veil, la redacción de un proyecto de ley para descriminalizar y legalizar el aborto en 1974. Tras intensos debates en la Asamblea Nacional, la propuesta, apoyada por la izquierda, obtuvo la mayoría y fue aprobada.
El texto se promulgó el 17 de enero de 1975 y recibió el nombre de Ley Veil en honor a su autora. Inicialmente se estableció como una medida experimental de cinco años.
La ley define dos tipos de interrupción del embarazo: la interrupción médica del embarazo (IME) y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La IME puede practicarse en cualquier momento bajo estrictas condiciones médicas; la IVE se realiza a solicitud de la mujer durante las primeras 12 semanas de gestación.
Consecuencias
- La Ley Veil quedó confirmada definitivamente por la Ley del 31 de diciembre de 1979 sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
- Desde 1983, la seguridad social cubre los costos del tratamiento y la hospitalización de las interrupciones voluntarias del embarazo.
